El ayuntamiento de Muro deberá entregar a los agentes de la Policía Local un determinado número de prendas del uniforme (estipuladas en un convenio) cada año. Así lo ha dictado el juez José María Abad Liceras, titular del Juzgado de Lo Contencioso número 3 de Palma.
El Ayuntamiento intentaba ahorrar en prendas y sólo entregaba las que se deterioraban con el uso a pesar de que existe un convenio que establece la entrega de vestuario en consonancia con el calendario anual, independientemente de su estado a causa del uso.
Los hechos se remontan a 2010, momento en el que el entonces delegado de alcaldía para la Policía, Miquel Barceló, comunicó a los agentes que sólo repondría las prendas desgastadas o rotas.
Medida de ahorro
Martí Fornés, alcalde, sostiene que "lo único que se intentaba era ahorrar puesto que si un agente podía seguir usando el uniforme, a pesar de haber transcurrido el tiempo establecido, considerábamos que era un gasto evitable tener que pagar uno nuevo". El sindicato UGT interpuso un recurso contencioso contra esta determinación municipal. Adujo la existencia de un pacto sobre condiciones de trabajo que data de 2008 en el que se especifica el calendario de entrega de prendas.
El Ayuntamiento aportó al juicio certificaciones de pagos en concepto de vestuario con las cantidades invertidas desde 2008 a 2010. El mismo juez indica que el contenido de dicha documentación carece de sistemática por lo que se hace difícil su entendimiento. Sin embargo, del análisis de la dispersa y heterodoxa documentación presentada "se permite deducir las carencias reclamadas por la plantilla", sostiene. A pesar de ello, agrega que "no puede acreditarse una actitud dolosa o negligente del Ayuntamiento, sin que ello le exima del cumplimiento del convenio".
