El municipio de Santa Margalida podría quedarse a corto plazo sin la única piscina pública climatizada al servicio de los residentes. El Ayuntamiento, gobernado por Suma pel Canvi y Convergència, se ha planteado seriamente la demolición de un equipamiento público que apenas ha podido ser disfrutado siete años por los ciudadanos, incluyendo las numerosas interrupciones provocadas por una serie de defectos estructurales que imposibilitan su mantenimiento.
El principal problema de la piscina a lo largo de su corta existencia han sido las importantes filtraciones de agua que ha venido padeciendo, hasta el punto de perder cada día veinte metros cúbicos de agua, lo que supone un cuatro por ciento del volumen total del equipamiento público.
Tras un intento fallido de apertura el pasado verano y las diferentes reparaciones de las que ha sido objeto la piscina municipal durante los últimos siete años, el actual equipo de gobierno ha llegado a la conclusión de que el equipamiento no puede volver a abrirse al público al considerar que los defectos de construcción son irreparables. La piscina ha perdido mucha agua desde su apertura en octubre del año 2005, pero más sangrante para la institución local es la gran cantidad de dinero invertido en una infraestructura que jamás ha funcionado.
Al menos 1,2 millones de euros, según fuentes municipales, se han filtrado también por el desagüe de la piscina, una fuga económica que el Ayuntamiento quiere parchear con carácter de urgencia para no perjudicar más las maltrechas arcas municipales golpeadas por la crisis.
La única solución que se vislumbra en el horizonte pasa por la demolición de la infraestructura, un extremo impensable hace seis años y medio, cuando el municipio estrenaba las obras de climatización y cubierta que el anterior equipo de gobierno de PP y Can Picafort Unit (CPU) realizó entre los años 2002 y 2004 sobre la piscina pública existente con anterioridad. "Lo más oportuno es el derribo porque la piscina es irrecuperable y su mantenimiento muy costoso; en la actualidad tenemos un espacio desaprovechado que, además, es un nido de suciedad", apunta el alcalde de Santa Margalida, Miquel Cifre, que carga contra el anterior equipo de gobierno por su gestión alrededor del equipamiento municipal. "En el lugar que ahora ocupa la piscina deberíamos poner una especie de recordatorio de cómo no deben hacerse las cosas", ironiza el edil socialista. Si finalmente se ejecuta el derribo, el municipio se quedará sin piscina por un tiempo indeterminado. "Ahora no hay dinero para la construcción de un nuevo equipamiento", reconoce Cifre.
Responsabilidades
En el pleno municipal previsto para hoy, el equipo de gobierno eleva una propuesta de ratificación de una resolución de alcaldía que declara a la empresa constructora de la piscina, Acsa Obres i Infraestructures S. A., y a dos directores técnicos de la obra, como "responsables directos y solidarios de los vicios ruinógenos (defectos graves de construcción)" de las obras relativas al equipamiento municipal. Cifre justifica esta medida "en los más de 200 millones de las antiguas pesetas que ha costado la piscina cubierta desde su construcción y en el hecho de que nadie se ha responsabilizado de los errores hasta la fecha". Otro motivo es la necesidad de "actuar políticamente" y de "defender los intereses de los ciudadanos de este municipio".
La resolución se ha dictado en base a informes técnicos que determinan la existencia de "vicios ocultos" en la estructura que han sido imposibles de reparar.
A partir de ahora, los servicios jurídicos del Ayuntamiento están "valorando" el inicio de un posible procedimiento judicial contra la constructora y los técnicos redactores del proyecto. "No sabemos qué pasará, tal vez nos embarquemos en otro proceso judicial largo", se resigna Miquel Cifre. La posibilidad de recuperar parte del dinero invertido que ha caído en saco roto es una motivación del Consistorio ´margalidà´. "Miraremos de cobrar alguna cantidad a través del seguro", declara el edil socialista.
