Como cada miércoles desde hace seis años, a eso de las nueve de la mañana, la cuidadora de Catalina Serra llegó a su casa para ducharla. Pero ese día había una novedad. Bajo el brazo la cuidadora llevaba un portafolios negro. "Como si fuera una ejecutiva", dice Serra. Tras saludarla, anotó en una de las hojas de su carpeta la hora exacta de la llegada y la mujer rompió a llorar delante de Catalina.
Desde ese momento corría el cronómetro como si fuera un taxímetro. ¿A qué le estaban poniendo precio? A la higiene personal de Catalina Serra, jubilada de 69 años y con una discapacidad del 75 por ciento. Así se calcula el coste de una ducha, por minutos. Unos minutos que desde el pasado 1 de marzo Catalina Serra, pensionista, tendrá que pagar de su bolsillo.
Serra se levantó de la butaca y se dirigió con ayuda de su caminador a la ducha de su casa. Tiene una mente lúcida, brillante, pero el cuerpo no le acompaña. Ha superado operaciones de cadera y un cáncer. Convive con unos huesos débiles, unos pulmones que le fallan, un corazón problemático y severas dificultades para caminar porque sus piernas están infladas. "Por eso hay días en que tardo diez minutos en llegar hasta el baño", reconoce, aunque esté a escasos veinte metros.
Para que la asearan, como de costumbre, se sentó en una silla giratoria que la condujo a la bañera. Allí su cuidadora la limpió, la secó, la volvió a vestir y la acompañó de regreso a su butaca. Y, otra novedad, Catalina Serra tuvo que firmar el parte que señala la hora de salida de la cuidadora. Diez euros por una ducha, por esos 60 minutos de atención. A tres duchas por semana, 30 euros. O lo que es lo mismo, 120 euros al mes para poder estar limpia. Y si tardan más de una hora, pues 2,5 euros por cada quince minutos adicionales.
Así son las nuevas tarifas que ha implantado el Ayuntamiento de Marratxí, gobernado por el PP con mayoría absoluta, para quien requiera el servicio municipal de ayuda a domicilio. Estos precios se aplican a todos los que requieran un cuidador y tengan una renta superior a 532 euros mensuales. Es decir, que afecta a la gran mayoría de las casi cien personas de Marratxí que necesitan la atención de un profesional.
Además de su pensión, Catalina Serra cobra una ayuda de la ley de dependencia. Tiene reconocida una dependencia severa (grado 2 de 3). Esta prestación de 337 euros mensuales está destinada a pagar un cuidador no profesional, que en su caso corresponde a su marido. Él la ayuda, entre otras muchas cosas, a hacer la comida o limpiar la casa.
Sin embargo, según explica Serra, su asistenta social le dijo que esta ayuda ha de servirle para pagar a la cuidadora municipal, algo contra lo que la jubilada tiene una objeción: "La ayuda a la dependencia no es para eso, lo pone bien claro en la ley, y lo que me da más rabia es que me mientan y me engañen".
Después de ducharse y volver a su butaca, estuvo el día mirando la televisión. En la sala de estar, una habitación con poca luz natural, pasa la mayor parte de sus días. No sale de casa si no es para visitar al médico, pero, claro está, necesita ayuda para bajar las escaleras. "Qué más querría yo que no necesitar a nadie. Y es aún menos agradable que te limpie otra persona", manifiesta.
Los gastos de la dependencia
Mientras explica estos detalles, aparece una de sus hijas en el salón con una bolsa llena de medicamentos. Llena. Más de una docena de cajas con cápsulas y pastillas para aliviar sus males. "Y esas no son todas", dice, porque también gasta muchas cremas. Una de ellas, para las piernas infladas, le resulta fundamental y solo esa le cuesta 35 euros por un tubo que le dura una semana. Es el suma y sigue de ser una persona dependiente.
El consistorio marratxiner explica que el servicio asistencial sigue estando subvencionado en todos los casos. Según sus datos, cada hora de trabajo a domicilio de una cuidadora cuesta 22 euros, por lo que las arcas públicas todavía asumen los 12 euros restantes. Además, fuentes municipales también detallan que esta nueva tasa ha servido para ampliar el horario y los días de atención a los usuarios, ya que ahora hay servicio todos los días de la semana y no solo dos días.
Pero Serra no admite esas explicaciones. Ella afirma con rotundidad que "eso ya no son servicios sociales" y que "lo más bajo que pueden hacer los políticos es querer hacer negocio con las personas desgraciadas". Intenta no cabrearse, porque dice que sino empeora su estado de salud, pero no puede evitar sentir rabia cuando recuerda las palabras del presidente del Govern y exalcalde de su municipio, José Ramón Bauzá, cuando dijo en el Parlament que no recortarían en sanidad. "Nos están convirtiendo en ciudadanos de tercera".
