El ayuntamiento de Campos, dirigido por PP y +Acció, no tiene previsto por el momento presentar ningún proyecto de demolición de los 69 apartamentos inacabados y abandonados de la urbanización de Torre Marina de ses Covetes, ni mucho menos fijar plazos de inicio de las obras y conclusión, ni tampoco nombrar a ningún edil como responsable de la ejecución de las sentencias judiciales que subrayan que no se respetó el dominio público marítimo-terrestre (deslinde de Costas) de 100 metros.

El alcalde, Sebastià Sagreras (PP), entrevistado ayer por este diario, afirmó que "hay que tener prudencia". En esta línea, reconoció que, consultando con los técnicos, puede interpretarse que las resoluciones judiciales del Supremo indican que "en realidad los terrenos eran urbanos, por lo que se podría reactivar el proyecto". Según él, hay que estar a la expectativa y pendientes también de Costas, "teniendo a su vez en cuenta otras muchas zonas costeras urbanizadas como la Colònia, a menos de 100 metros del mar".

Juan: "Deben ser demolidos"

El exalcalde Joan Juan, líder de Campos pel Canvi, lo tiene claro: "Los 69 apartamentos deben ser demolidos". En su opinión, las dos vías judiciales se cerraron con rotundidad. "De la vía referente a la licencia de obras, el Supremo sentenció hace ya años que se concedió mal porque los solares no eran urbanos y no se respetó la zona de dominio público marítimo-terrestre". En cuanto a la vía centrada en las Normas Subsidiarias, "la sentencia del pasado año del Supremo no entró al fondo de la cuestión, solo señaló que el Consell no tendría que haber aceptado las alegaciones del GOB ya que no estaba legitimado para poder presentarlas, a lo que el Consell también el pasado año reaccionó en pleno aceptando el fallo pero recordando en un punto concreto que, en cualquier caso, se contempla el deber de respetar los 100 metros del deslinde de Costas".

Asimismo, Juan está convencido de que el Ayuntamiento "en ningún caso tendrá que pagar indemnización" al grupo promotor de la polémica urbanización. Hace unos dos años los empresarios en cuestión, entre los que se encuentra el padre del alcalde, Sebastià Sagreras, Peixet, reclamaron 27 millones de euros. El Ayuntamiento encargó un informe que determinó "no pagarles ni un céntimo ya que no justificaron la cantidad demandada". El Consistorio envió dicho informe al Consell Consultiu y antes de recibir el dictamen de respuesta, el grupo promotor desistió de su solicitud de indemnización millonaria, como avanzó Diario de Mallorca el 16 de abril.

Algunos temen que el desenlace de esta historia no llegue hasta que el juez de turno finalmente acepte la versión del PP y se reanuden las obras o, como es lo más probable, ordene el derribo, fije plazos o multe como se hiciera con los alcaldes de Deià (Jaume Crespí) por los chalés de Llucalcari.