El Ayuntamiento de Llucmajor está ultimando una nueva ordenanza de Participación Ciudadana que prevé que cualquier ciudadano o entidad pueda intervenir ante el pleno si tiene "un interés directo" sobre el tema que se debate.
Para poder hablar ante el pleno de la corporación, será necesario recabar el apoyo del 10% de los vecinos del núcleo urbano –o urbanización– afectado. A cambio, el portavoz de esos ciudadanos recibirá cinco minutos para explicar la propuesta que se eleva a debata y que posteriormente votarán los regidores.
En caso de que diversas agrupaciones de vecinos quieran expresar su opinión sobre un mismo tema, sus intervenciones no durarán más de 15 minutos.
La anterior ordenanza que lo regula data de 1989. El nuevo texto, que coordina la regidora de Participación Ciudadana, Maribel Soteras, es todavía un borrador. El equipo de gobierno lo entregó en noviembre a todos los grupos políticos de la oposición para que propusieran modificaciones a sus preceptos, que en su mayoría son "idénticos o muy similares a los de la ordenanza de Participación Ciudadana de Palma", tal y como reconoce el alcalde de Llucmajor, Joan Jaume Mulet (PP).
Además de realizar proposiciones ante el pleno y poder intervenir en él, la norma reconoce otras vías para que los llucmajorers participen en la gestión municipal. Son las iniciativas populares, las quejas y sugerencias, las consultas populares, las audiencias y las peticiones.
Para presentar una iniciativa popular –es decir, instar al equipo de gobierno a tomar una medida–, es necesario el 10% de las firmas de los empadronados en Llucmajor. Esa propuesta luego se debate y vota en el pleno.
Los referendos o consultas populares podrán solicitarse también por los vecinos o por el alcalde, previa autorización del Gobierno central. Servirán para conocer la opinión de todo el censo sobre cuestiones "de especial relevancia".
Las audiencias son una de las nuevas figuras que recoge la ordenanza y podrán ser convocadas "por decisión propia [del alcalde] o a petición de las entidades ciudadanas", para que cualquier vecino tenga oportunidad de dialogar con el munícipe de las cuestiones que le preocupen.
Derecho a las subvenciones
Además, el borrador de la ordenanza contempla el derecho a la información de los ciudadanos, por el que el consistorio se compromete a hacer pública su gestión a través de medios de comunicación, entre otras vías. También se reconoce el acceso de los llucmajorers a los archivos y registros municipales en un plazo máximo de 30 días.
Las entidades ciudadanas son otras de las afectadas por la ordenanza, ya que se establecen las normas para ser declaradas de interés público y para solicitar subvenciones, locales y medios municipales.
Las subvenciones para las asociaciones se repartirán "según la disponibilidad económica y presupuestaria anual" y se ejercerán "mecanismos de control del gasto" sobre ese dinero. Las entidades también podrán pedir al consistorio el uso de locales municipales, con una antelación mínima de diez días.
El ayuntamiento calcula que el texto definitivo de la ordenanza de Participación Ciudadana podrá estar aprobado en un par de meses, después de que lo regidores lo enmienden y lo eleven a pleno para su validación definitiva.
