La asociación de propietarios del parking del Principal de Manacor ha presentado un elaborado informe técnico ante el Tribunal Superior de Justicia de las Balears (TSJB), por el cual solicitan la imposibilidad física de adecuar el edificio a las normas urbanísticas vigentes, ante el serio peligro de que el inmueble, alzado a principios de los 70 y con siete plantas construidas, pueda venirse abajo por problemas estructurales.
De esta forma los 110 propietarios del inmueble logran dilatar de nuevo, la orden judicial que el propio TSJB notificó el pasado mes de diciembre al ayuntamiento de Manacor, por la cual y como responsable subsidiario de la obra, debía derribar hasta tres plantas de aparcamientos antes de seis meses; la única forma de devolver el parking a la legalidad y dentro de las alturas máximas previstas para la calle de la Amistad, si finalmente no logra aprobarse en breve el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), en punto muerto desde hace ocho años y sin plazo previsto.
En 1990 el consistorio otorgó, de manera irregular, una licencia de ampliación de los aparcamientos, aprobando que los promotores construyeran tres alturas más de las estipuladas en las Normas Subsidiarias de 1980. En su momento, el ayuntamiento de Manacor firmó un documento con los propietarios por el que estos último le eximían de cualquier responsabilidad penal por todo ello, llegado el caso.
Desde la corporación local se apela a la tranquilidad y a la imposibilidad "de hacer cumplir una orden, que de momento está a la espera de la resolución de los recursos. Debemos estar pendientes, pero no podemos demoler parcialmente un edificio y que después se demuestre que efectivamente hay riesgo que se desplome por completo".
Un tercio de sus 300 plazas
La demolición de las tres plantas superiores del parking privado del Principal (donde hasta la década de los 60 se alzó el gran teatro del mismo nombre) supondrían la eliminación de más de cien plazas de estacionamiento en pleno centro de Manacor; algunas de ellas compradas en su momento sin conocer los problemas urbanísticos. Actualmente mantiene aún algo más de 300 plazas repartidas entre las tres plantas subterráneas, la planta baja y las cuatro superiores. Cada una de ellas cuenta con unos 40 estacionamientos, excepto la de entrada que consta de 20 y las dos superiores con 36 cada una.
Cabe recordar que en el pleno municipal del pasado 13 de diciembre de 2010, los servicios jurídicos del Ayuntamiento ya avisaron que si los propietarios no cumplían con la adecuación forzosa del edificio, debería ser el mismo consistorio quien, de manera subsidiaria, empezara a hacerlo antes del mes de junio pasado y presentando las minutas después a los dueños. De no hacerlo, el TSJB ya estipulaba entonces una pena semanal de 600 euros por retrasos.
