Un camino dificultoso que debe hacer frente a las trabas jurídicas y, en muchas ocasiones, al papel de la picaresca ciudadana. Así es el proceso para culminar una orden de demolición en la isla. Proceso que puede durar años entre tramitación administrativa y recursos varios. Entre enero y septiembre de 2011, por ejemplo, la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y Territorial de Mallorca ha iniciado 57 expedientes de demolición y ha ejecutado cuatro derribos, ejecuciones que correspondían a casos que se remontan a muchos años atrás (finales de los noventa y año 2000).

La cifra de derribos ejecutados corresponde a la de dos de las cuatro casas de Llucalcari (Deià), otro en Campanet y un cuarto que se está efectuando en Alaró. Para finales de año, la Agencia del Consell aspira a acometer otro derribo, que sería el quinto, como apunta el director gerente en régimen de suplencia de este organismo, Maties Morey, quien prevé ejecutar las mismas operaciones en 2012. Morey constata que en los últimos años ha habido un aumento progresivo de las infracciones urbanísticas. No es que antes no hubiera estas infracciones, aclara, sino que ahora se ha extremado su control.

No es sólo que se haya creado la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, sino que hay ayuntamientos (concretamente los de Campanet, Valldemossa, Puigpunyent, Algaida, Marratxí, Son Servera y Montuïri) que han delegado sus competencias en el Consell de Mallorca en materia de disciplina urbanística en suelo rústico. Cuando se le pregunta a Morey cuál es la irregularidad urbanística que más se repite, él contesta enseguida: "La construcción de viviendas en parcelas que no cumplen el mínimo establecido". Un mínimo que está fijado en 14.000 metros cuadrados (unas dos quarterades), límite que en algunos casos puede ser variado por los ayuntamientos.

Pese a esta restricción, la Agencia se sigue encontrando con construcciones en parcelas de "2.000 ó 3.000 metros cuadrados", señala el director gerente. "El objetivo de este límite es evitar la colonización del suelo rústico. No hay que olvidar que detrás de cada casa viene una instalación eléctrica, de servicios... Sin este límite, podría llegar un momento en que no hubiese distinción entre suelo urbano y el rústico", arguye. Junto a este tipo de irregularidades, a los técnicos del organismo insular les sorprende el alto número de infracciones que siguen detectando en zonas protegidas, ya sea en ANEI (Área Natural de Especial Interés) o en ARIP (Área Rural de Interés Paisajístico). "Parece mentira que la gente no hay asumido aún estas cosas. La Ley de Espacios Naturales se aprobó en 1991", subraya Morey.

Según datos aportados por la institución insular, en los dos últimos años la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanísticas ha dictado 43 órdenes de demolición (25 en 2010 y 18 en 2011). En este mismo periodo de tiempo, ha ejecutado de manera subsidiaria cinco derribos. "La demolición es un proceso complicado", ilustra el director gerente. A los tiempos que marca la tramitación administrativa del expediente hay que sumar los de la administración judicial, ya que los propietarios suelen presentar recursos contenciosos.