El proyecto para hundir una fragata militar en las Illes Malgrats (Santa Ponça, Calvià) ha sufrido un importante varapalo judicial. La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso que presentó el Ayuntamiento a fin de lograr los permisos necesarios para esta iniciativa que pretendía impulsar el turismo de buceo, según confirmaron ayer fuentes municipales. La organización ecologista Greenpeace celebró el fallo y destacó que supone "una victoria para el medio ambiente".
Las partes implicadas en el proceso judicial explicaron que la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso, al entender que el Consistorio calvianer carece de la "legitimación" jurídica para solicitar una autorización de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, iniciativa que debería haber correspondido a la conselleria de Agricultura y Pesca, que no presentó ningún recurso.
"Esperamos que el PP acate este pronunciamiento judicial y retire su proposición no de ley que persigue presionar al ministerio de Medio Ambiente para que desbloquee la vía administrativa y que hunda el pecio por encima de la legalidad vigente", manifestó la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, en declaraciones que recoge un comunicado de prensa.
Proposición no de ley
Marcos aludió así a la iniciativa aprobada por el Parlament el pasado 14 de septiembre, cuando se aprobó una proposición no de ley –con los votos a favor del PP y en contra de PSIB y PSM-IV-ExM– en la que se instaba al ministerio de Defensa y a la dirección general de Costas a "desbloquear la parálisis administrativa que impide el hundimiento de la fragata ´Baleares´ a 400 metros al este de las Malgrats, a 100 metros del límite de la reserva marina de Calvià".
La iniciativa parlamentaria incidía en la postura defendida por el Ayuntamiento desde la primera legislatura de Carlos Delgado como alcalde. El PP veía en este proyecto una manera de incentivar un turismo de buceo de alto poder adquisitivo, al tiempo que defendía que la vida marina se enriquecería con esta infraestructura. Unos argumentos que no convencieron al ministerio de Medio Ambiente, que en 2007 denegó los permisos para el hundimiento.
Según apuntó ayer Greenpeace, la Audiencia Nacional recoge en su sentencia la argumentación del Ministerio de que el proyecto "no evalúa la descontaminación y acondicionamiento específico del buque de guerra para utilizarlo como arrecife artificial".
De cara al futuro, la organización ecologista reclama que, si se quieren instalar arrecifes artificiales, se tengan en cuenta las directrices ministeriales que desaconsejan la utilización de buques de acero para tal fin.
La resolución de la Audiencia Nacional, que todavía se puede recurrir, ha sido algo inesperada a tenor del optimismo que mostraron responsables del anterior equipo de gobierno municipal sobre el sentido de la sentencia. Valoraban que el perito independiente convocado por los jueces, el biólogo Juan A. Malo de Molina, suscribiese las conclusiones de la organización oceanográfica internacional Oceana, que se pronunció a favor del hundimiento de la fragata.
