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Un juez suspende el precinto a una carpa ilegal porque ´arruinaría´ a la empresa

El alcalde considera que no se puede ser condescendiente, ya que se trata de una actividad "sin licencia" El Consistorio ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears

 06:30  
Imagen parcial de la carpa permanente que el hotel rural colocó junto a sus instalaciones.
Imagen parcial de la carpa permanente que el hotel rural colocó junto a sus instalaciones.  P. C.

PEP CÓRCOLES El precinto que pesaba sobre una gran carpa de lona instalada por un hotel rural del municipio ha sido suspendido por una resolución judicial. El juez estima que, mientras no se resuelve el fondo de la cuestión, es preferible no causar un perjuicio irreparable a dicha empresa.
El magistrado dice que "la paralización de la actividad causaría evidentes perjuicios económicos que podrían determinar la ruina del negocio". Alude también a "las actuales circunstancias socioeconómicas por las que atraviesa la economía mundial en general y la española en particular". No anula, sin embargo, la sanción de 2.000 euros que impuso el Ayuntamiento por infracción urbanística..
Este auto ha dejado perplejo al alcalde Rafel Torres, quien sostiene: "Se trata de una actividad sin licencia, no de un negocio legal que causa molestias y que puede pedir plazos para subsanarlas. La ley es clara cuando es una actividad ilegal: o se legaliza o se cierra. Se han dado a la empresa todos los plazos para legalizarla. Agotados los mismos se ha procedido a sancionar y clausurar. Yo soy el primero que no quiero hacerlo; esa empresa genera riqueza y da trabajo. Yo quisiera ser tan condescendiente como lo es el juez, pero eso crearía un grave precedente".
El Ayuntamiento ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) alegando que el levantamiento de la clausura provoca el reconocimiento de "una licencia, no concedida por la Administración, mientras dura la tramitación del recurso".

Origen del caso
Hace varios años que un establecimiento hotelero rural instaló una gran carpa de lona para ampliar su oferta y poder organizar eventos, mayoritariamente banquetes de boda. No obstante, la colocación de este elemento se hizo sin la preceptiva solicitud de la declaración de Interés General ante el Consell de Mallorca –pues se encuentra en suelo rústico– ni la petición de licencia de actividad ante el Consistorio.
Tras llevar un tiempo funcionando, en el que incluso se llevaron a cabo en el lugar eventos patrocinados por el propio Ayuntamiento, los vecinos presentaron una denuncia por molestias por el ruido que se producía de madrugada.
El Ayuntamiento procedió a la apertura del correspondiente expediente por infracción urbanística. La empresa propietaria no presentó el proyecto de legalización de la carpa, pero en julio del año pasado entregó un escrito manifestando la ampliación de la actividad que tiene concedida como hotel rural. Desde entonces, no se ha tramitado ningún otro documento.
En tal situación, el actual alcalde, Rafel Torres, redactó en mayo de este año un decreto de clausura y precinto de las instalaciones. Al tiempo, impuso una sanción de 2.000 euros.
La empresa rompió el precinto y siguió organizando eventos a la vez que solicitó ante el juzgado la paralización de la clausura cautelar impuesta por el Ayuntamiento. Antes de que el juez se pronunciara, el Ayuntamiento ya había iniciado otro expediente por desobediencia. La sanción podría ser de 600.000 euros.
Sin embargo, el pasado cinco de septiembre el juez dictó un auto por el que suspende el precinto en base a que al no poder acelerar el proceso para dirimir el fondo de la cuestión, se podría causar un perjuicio irreparable a dicha empresa. El juez dice que "la paralización de la actividad causaría evidentes perjuicios económicos que podrían determinar la ruina del negocio". Alude también a "las actuales circunstancias socioeconómicas por las que atraviesa la economía mundial en general y la española en particular". No anula, sin embargo, la sanción de 2.000 euros.

Postura municipal
Este auto ha dejado perplejo al alcalde. Sostiene que "se trata de una actividad sin licencia, no de un negocio legal que causa molestias y que puede pedir plazos para subsanarlas. La ley es clara cuando es una actividad ilegal: o se legaliza o se cierra. Se han dado a la empresa todos los plazos para legalizarla. Agotados los mismos se ha procedido a sancionar y clausurar. Yo soy el primero que no quiero hacerlo; esa empresa genera riqueza y da trabajo. Yo quisiera ser tan condescendiente como lo es el juez, pero eso crearía un grave precedente".
El Ayuntamiento ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia (TSJB) alegando que el levantamiento de la clausura provoca el reconocimiento de "una licencia, no concedida por la Administración, mientras dura la tramitación del recurso".


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