La Guardia Civil de sa Pobla podría trasladarse al nuevo cuartel a finales de año. Así lo hizo público el equipo de gobierno del PP en el último pleno. No obstante, el Ayuntamiento tiene que satisfacer todavía una deuda de 200.000 euros al gobierno central por la edificación de la instalación. Cuando se empezó a construir el edificio, en mayo del 2009, se acordó que el gobierno se haría cargo del grueso de la inversión, unos dos millones de euros, y el Consistorio a cambio debía aportar un solar de 1.500 metros cuadrados y el diez por ciento del capital aportado por el Estado, es decir, unos 200.000 euros.
El edificio, que ya está acabado y dispone de la cédula de habitabilidad, aún no es utilizado por los agentes, acumulando un retraso de un año sobre las previsiones iniciales. Los agentes no se trasladarán hasta el nuevo cuartel hasta que el ministerio de Interior lo autorice. Además, todavía está pendiente el desmonte del puente de hierro colindante, acción de la que se hará cargo el Consell con un coste de 400.000 euros.
Los partidos de la oposición echaron en cara la deuda pendiente al equipo de gobierno cuando en el transcurso del pleno aprobó incluir dentro del Plan de Obras y Servicios de 2012 el derribo del antiguo cuartel. La oposición criticó que el Consistorio "quiera llevar a cabo nuevos proyectos cuando todavía tiene deudas" y que "se encargue un proyecto cuando el edifico todavía no es de titularidad municipal".
