­­­Un colectivo de vecinos de Badia Blava (Llucmajor) quiere eliminar una antena de telefonía móvil que está dentro de la urbanización. Aseguran que les está provocando graves problemas de salud y trastornos de sueño desde que, hace doce años, se instalara el aparato.

Con ese objetivo, una cincuentena de ellos se manifestaron durante la tarde del miércoles en la calle de Mercuri de Badia Blava, frente al chalé que tiene la emisora en el tejado.

Uno de los portavoces de la plataforma vecinal, Felipe Pérez, expuso que ya han recogido más de un millar de firmas a favor de la retirada de la antena, para que sea alejada del casco urbano. Además, ya han presentado más de cuarenta instancias al Ayuntamiento de Llucmajor solicitando la clausura del equipo.

Según la propietaria de la casa con la antena –que no quiso facilitar su nombre–, la instalación es de la compañía telefónica Orange y hace doce años que la tiene. "Hasta ahora nunca había tenido problemas y no entiendo por qué se quejan ahora", declaró.

El colectivo vecinal explicó que su principal motivo de protesta se debe a una serie de problemas de salud que ellos achacan al campo electromagnético de la antena. Entre las dolencias que enumeran, hay casos de cáncer, problemas en el corazón, dolores de cabeza y trastornos del sueño. Según Felipe Pérez, "el número de estas enfermedades es el triple respecto de lo normal y no solo las padece la gente joven".

Los propios afectados reconocen que los médicos no les saben decir si las antenas son las causantes de tales problemas de salud. De hecho, saben que hay estudios científicos que argumentan en ambos sentidos, es decir, tanto que afirman como desmienten que haya una relación de causa–efecto entre enfermedades y antenas de telefonía móvil.

Ahora bien, los galenos que tratan a los vecinos afectados les recomiendan que, por precaución, se alejen de las radiaciones, especialmente durante tratamientos tan agresivos como la quimioterapia. Así lo explica Merche Postigo, una de la afectadas por el cáncer en Badia Blava desde principios de año. Según esta vecina, ella fue a hablar con la dueña de la antena y le manifestó que no renovaría el contrato con la empresa de telecomunicaciones.

Finalmente, la propietaria de la antena decidió proseguir con la concesión, aunque no aclaró por cuántos años. Esa decisión molestó aún más al vecindario, que ahora ha decidido comenzar a movilizarse. En la protesta del miércoles exhibieron pancartas con lemas como "Salud sí, antenas no", "Nos envenenan día a día" o "Señor alcalde: Nuestra salud está en sus manos".

Para los vecinos, el Ayuntamiento de Llucmajor es otro de los responsables de esta situación. Aseveran que la normativa municipal es obsoleta y que, en otros pueblos, hay ordenanzas más recientes que ya contemplan la expulsión de las antenas del casco urbano. Un caso que citan es el de Marratxí durante la etapa en que gobernaba José Ramón Bauzá.

El alcalde de Llucmajor, Joan Jaume Mulet (PP), niega que la ordenanza municipal esté anticuada. "La norma aplicable es el plan director de instalaciones de telefonía móvil de la Comunitat Autònoma, que data de 2006", afirma.

Jaume también señala que tanto la antena de Badia Blava como la de Badia Gran cuentan con las licencias necesarias para funcionar, según le indican los técnicos municipales y que, si no fuera así, "el Ayuntamiento tomaría cartas en el asunto".

A raiz de las quejas que hubo en Badia Gran hace años, el consistorio llucmajorer elaboró una ordenanza en 2007, que regulaba la colocación de estos equipamientos en el municipio. Entre otras cosas, recomienda –no obliga– a las operadoras de telefonía que contacten al Ayuntamiento para saber si hay población sensible cerca de los lugares que escogen para instalar las antenas. El alcalde indica que añadir obligaciones fuera del marco legal vigente iría en contra de la normativa.

En cualquier caso, los vecinos tienen una petición clara: que la antena se vaya del centro la urbanización hasta algún descampado. Según Felipe Pérez, harán todo lo posible para conseguirlo. "Esto no acaba aquí. Intentaremos hablar con el alcalde y el presidente del Govern. Y, si hace falta, reuniremos dinero para emprender acciones legales", asegura.