Los bares la vendían como sidra irlandesa a los británicos que abundan en verano en el núcleo de Santa Ponça, en Calvià, hasta que recibieron la visita de los inspectores que vigilan posibles fraudes agroalimentarios. Los técnicos dependientes de la dirección general de Agricultura y Desarrollo Rural abrieron un expediente al constatar que el etiquetado de las bebidas incumplían la normativa al estar escrito sólo en inglés y escamotear a posibles clientes que no dominasen la lengua de Shakespeare una información básica acerca de los ingredientes. Uno de los bares ha sido sancionado con una multa de 500 euros.

Esta noticia pone de relieve una realidad que el ciudadano calvianer afronta cotidianamente en un municipio con una abundante colonia británica, no sólo de tipo estacional sino también residencial, donde no sorprende encontrar bares en que brilla por su ausencia cualquier indicativo de información en castellano o catalán.

El relato de los hechos ahora denunciados se encuentran detallados en una notificación de resolución de procedimiento sancionador en materia de fraudes agroalimentarios, firmado por la directora general de Agricultura y Desarrollo Rural. Los técnicos detectaron esta irregularidad durante una visita a dos establecimientos de Santa Ponça. En uno de ellos, se constató la existencia de 1.320 unidades de 330 mililitros de la mencionada sidra, mientras que en el otro bar se hallaron 42 botellas de 568 mililitros.

Normativa general

Según el acta levantada por los técnicos, la bebida procedía de Irlanda y su información estaba en inglés, aunque habían puesto también una etiqueta adhesiva en castellano, que no recogía, sin embargo, toda la información a la que obliga la normativa general de etiquetado, presentación y publicidad de productos alimenticios. Esta legislación establece que es obligatorio que en estos productos se informe de la lista de ingredientes, el grado etílico, la fecha de duración mínima, las condiciones especiales de conservación y de utilización, las instrucciones de uso, la identificación de la empresa responsable y el lugar de procedencia, entre otros conceptos. Y la norma fija también la obligación de que el etiquetado de "los productos comercializados en España se expresará en la lengua oficial del Estado".

Unas condiciones que, como indica la resolución de la Conselleria, no se daba en uno de estos bares. En concreto, el departamento autonómico concluyó que no se indicaba en castellano (sólo en inglés) la presencia de sulfitos entre los ingredientes. Se trata de una sustancia con posibles repercusiones alérgicas. Además, no incorporaba traducidos otros datos básicos en la etiqueta.

La empresa inspeccionada presentó una alegación y argumentó que las unidades fueron compradas a un proveedor "que distribuye el producto con las etiquetas, por lo que no procede un nuevo etiquetado".

Las alegaciones fueron rechazadas y la multa impuesta, que se puede recurrir, asciende a 500 euros.