Si sobre un mapa de Mallorca marcásemos con puntos rojos todos aquellos caminos públicos que en la actualidad tienen problemas de paso, veríamos una isla teñida de ese color. Las plataformas que luchan por la apertura de las rutas de titularidad pública calculan que son más de 500 los senderos, carreteras y viales esparcidos por toda la geografía mallorquina en los que no se respeta el derecho de paso que ha imperado durante siglos.
El cierre masivo de caminos comunales empezó a coger fuerza en la década de los 90, impulsado por la creciente venta de propiedades a ciudadanos alemanes, y se ha mantenido hasta nuestros días en una tendencia difícil de frenar. Sin embargo, no hay mal que por bien no venga, y el fenómeno ha despertado a un amplio sector de la sociedad mallorquina, decidida a no callar más ante lo que consideran un ataque directo a sus derechos. Las marchas reivindicativas para reclamar la apertura de caminos cerrados están hoy a la orden del día.
Caminos como los de Ternelles y la carretera vieja de Lluc a Pollença, o los caminos del Rafal y Planícia, en Banyalbufar, son algunos de los casos más conocidos de presunta usurpación de rutas públicas, aunque sólo son la punta del iceberg de un problema mucho más profundo que afecta a infinidad de pequeños senderos tanto en la Serra de Tramuntana como en el resto de comarcas.
El papel de los ayuntamientos
Los ayuntamientos, en principio, son las instituciones más interesadas en catalogar los caminos de su propiedad que transcurren por sus dominios territoriales. Sin embargo, la realidad dista mucho de ser así, según lamentan los colectivos a favor de los caminos públicos, que acusan a las instituciones locales de la isla de aplicar una cierta desidia a la hora de defender las rutas comunales. "Los ayuntamientos no tienen ningún interés en aprobar catálogos de caminos públicos ni en ejecutar la recuperación de los senderos usurpados, y la mayoría de ellos no han hecho públicos los catálogos elaborados por el Consell de Mallorca, unos 27, que permanecen en un cajón, lo que permite el cierre de las antiguas vías de comunicación, muchas de ellas caminos reales", explican fuentes de la ´plataforma pro camins públics i oberts´, el colectivo más activo en la lucha por la recuperación del derecho de paso.
Las mismas fuentes explican que "sólo cinco ayuntamientos han aprobado el catálogo histórico-documental y han iniciado trámites para recuperar los caminos usurpados" y señalan que los consistorios más activos en la defensa del patrimonio público son los de Binissalem, Alaró y Algaida. "El resto no hacen absolutamente nada, y las obligaciones municipales son ejercidas por plataformas, grupos ecologistas o asociaciones culturales con recursos limitados y que actúan de camino en camino", añaden.
Algunos casos representativos
En casi todos los municipios de la isla existen casos de caminos cerrados. Sólo en Manacor se han documentado unas 40 rutas barradas, entre las cuales figuran los antiguos senderos que conducían a las calas vírgenes. Paradójicamente, en el municipio del Llevant se produjo una de las mayores victorias de los colectivos procaminos, cuyas presiones consiguieron finalmente la apertura de las principales rutas de la finca del Fangar gracias a un acuerdo con la propiedad alemana.
El municipio de Calvià tampoco es ajeno a la problemática. "Hoy en día están cerrados todos los caminos que unen este municipio con los términos vecinos", explican las fuentes consultadas. Ejemplos de rutas cerradas con el camino real de herradura que unía es Capdellà con Andratx por Son Vic Vell, el camino entre Benàtiga y Génova y el que unía es Capdellà con Puigpunyent y Galilea, que permanece cerrado en Son Sant Martí y Son Cortei.
En Banyalbufar, son conocidos los casos del camino del Rafal de Planícia y el camino de Planícia, mientras que en Valldemossa, existen "casos sangrantes" como el sendero real de Valldemossa a Bunyola, cerrado en las fincas de Mirabò, Pastoritx y s´Alqueria d´Avall, el antiguo camino real a Palma o el camino de s´Escolta, donde "incluso se ha construido una piscina encima".
En Escorca, "el catálogo de caminos está en un cajón, por lo que a nivel oficial no hay ninguna ruta pública". Existen problemas en el camino real a Sóller, con una sentencia de recuperación del TSJB, en la ruta de Caimari y en el camino real a Fornalutx, entre otros.
En Bunyola están cerradas dos "vías de comunicación básicas en la época medieval y moderna" como son el camino de Son Vidal al pas de na Maria y el camino de Comassema.
En el municipio de Pollença se contabilizan unas veinte vías cerradas, mientras que en Mancor no se respeta el derecho de paso por los caminos reales de Mancor a Lloseta, Biniatzent-Biniamar y Biniamar-Biniarroi. "El Ayuntamiento no ha ejecutado ningún acto de recuperación a pesar de la numerosa documentación existente", lamentan las fuentes.
