Los avispados que se mueven en los márgenes de la ley han encontrado un filón en Calvià: reconvertir apartamentos de su propiedad en improvisados alojamientos turísticos. Los comercializan por internet –sobre todo en páginas británicas– a precios que pueden llegar hasta unos mil euros por semana. O más, dependiendo de la época del año.

Se trata de una realidad contra la que combaten periódicamente las inspecciones de la conselleria de Turismo del Govern. Dos de los últimos expedientes sancionadores se han abierto contra propietarios de Santa Ponça.

Cuando recibió la visita de los inspectores, una de estas viviendas, en la avenida Blai Bonet, se encontraba ocupada por turistas de nacionalidad rusa. Según el informe de la Conselleria, aseguraron "haberlo recibido limpio y totalmente amueblado y equipado, incluso los utensilios de cocina, electrodomésticos y material de cama y comedor completo, así como toallas de baño".

Afirmaron haber pagado "4.500 euros, precio [...] que incluye la limpieza inicial, el agua, la electricidad y los servicios comunitarios de jardín y piscina, las toallas de baño, la ropa de cama y el uso de la piscina privada".

En la página web que comercializaba la vivienda como alojamiento turístico, se señalaba la manera de llegar a ella desde Gran Bretaña, así como las tarifas ofertadas, que dependían del momento de la temporada en que se contratase. Así, en verano, el precio se fijaba en 1.488 libras por semana (1.745 euros).

No sólo eso. Se ofrecía también a los turistas un servicio de transporte para recogerlos en el aeropuerto de Son Sant Joan. El importe de este trayecto, 100 euros. En la web, se podía consultar asimismo un booking con la disponibilidad de plazas en el chalé. Otro de los últimos expedientes tramitados por parte de la conselleria de Turismo del Govern tiene como objeto también un apartamento de Santa Ponça. En este caso, en la calle Rei Ferran II. Cuando lo inspeccionaron los técnicos de Turismo, se encontraron con un matrimonio británico que declaró haber alquilado el piso para pasar sus vacaciones. El montante que abonaron fue de 700 libras (820 euros).

En el expediente sancionador se constata que la vivienda se anunciaba en un portal de internet, en que, dice el informe, "se califica la casa de lujosa", se indica que tiene "una capacidad máxima para seis personas" y se ofrece el apartamento "totalmente limpio". El departamento autonómico constató que en su base de datos no figuraba ninguna autorización ni su inscripción en el registro general de empresas, actividades y establecimientos turísticos.

En el documento oficial se recuerda a los notificados que los hechos de los que son acusados pueden ser calificados de infracción administrativa grave al vulnerar la ley general turística de Balears en lo referente a la comercialización de establecimientos turísticos.

Las multas pueden llegar a oscilar entre los 3.050 y los 30.050´ euros. A las personas requeridas se les da un plazo de 15 días para presentar las alegaciones que consideren pertinentes.