La consellera insular de Ordenación del Territorio del Consell, Maria Lluïsa Dubon, aseguró ayer que en el mes de mayo quedarán concluidas las obras de demolición de dos de los cuatro chalets de Llucalcari ordenadas por el Tribunal Superior de Justicia de Balears y que posteriormente se iniciarán los trabajos de restitución medioambiental del terreno.
Dubón, acompañada por el alcalde de Deià, Jaume Crespí, así como responsables de la Agencia de Disciplina Urbanística del Consell y del conseller de Cooperación Local, Miquel Rosselló, visitó ayer las obras de demolición de las casas que se iniciaron el pasado diciembre. A lo largo de la visita, la consellera constató la dificultad técnica que conlleva el derribo a mano de los dos edificios debido a la imposibilidad de acceso de maquinaria pesada. De esta forma, destacó, se aprovechan los materiales que son susceptibles de reutilización.
La consellera de Territorio aseguró que el calendario de obras prevé que los trabajos queden concluidos en el mes de mayo, fecha a partir de la cual el Consell llevará a cabo la restitución de los terrenos para dejarlos en su estado original. La zona de Llucalcari donde se ubican goza de la máxima protección paisajística de suelo rústico.
En declaraciones a los medios, Maria Lluïsa Dubon explicó que su departamento ha iniciado los trámites administrativos y técnicos para proceder al derribo de los dos restantes chalets, unos trabajos que podrían llevarse a cabo a partir del cuarto trimestre de este año.
La demolición de las casas se lleva a cabo en virtud de dos sentencias del TSJB y del Tribunal Supremo que declaran nulas las licencias que permitieron la edificación de las cuatro viviendas. El pleito fue promovido por el grupo ecologista GOB. Las obras de derribo de las dos primeras viviendas tienen un coste de 450.000 euros que financian a partes iguales el ayuntamiento de Deià, el Consell y el Govern.
El pasado mes de diciembre el alcalde de Deià inició por su cuenta y con la ayuda de varios operarios municipales las obras de demolición para evitar ser sancionado con una multa coercitiva de 600 euros semanales.
