Carmen Parra es la presidenta de la Asociación de Vecinos de Bunyola, que se constituyó hace menos de un año y que desde hace unos meses desarrolla una intensa actividad para conseguir que los ciudadanos de Bunyola tengan las mismas ventajas que los de Sóller y Fornalutx en el peaje del túnel. "Sabemos que es un objetivo difícil, pero tenemos la voluntad de seguir adelante cueste lo que cueste", explica con convicción.

—¿Por qué el túnel debería ser gratuito para los bunyolins?

—Para empezar porque está en nuestro municipio y que no lo sea es un agravio comparativo con los ciudadanos de Sóller, Fornalutx y Escorca. Más de 300 ´bunyolins´ se desplazan cada día a Sóller para trabajar y muchos deben empadronarse allí para tener las bonificaciones, lo que representa un doble gasto para ellos. Después, también están los alumnos del instituto, que tienen una targeta con un número determinado de viajes, pero ¿qué pasa cuando se acaban? ¿Y en verano si quieren ir a visitar a sus amigos?

—¿Y qué harán con las firmas?

—Las presentaremos al ayuntamiento de Bunyola, a la conselleria de Movilidad del Govern, al Ministerio de Fomento y al Defensor del Pueblo. Ya tenemos más de 900 firmas y seguiremos recogiendo hasta el 28 de febrero. Es un agravio que los bunyolins no puedan tener los mismos beneficios que los sollerics. No hay derecho que tengamos que pagar para ir a trabajar o al instituto y más si el túnel está en nuestro municipio.

—No es la primera vez que desde Bunyola se hace esta reivindicación ¿Me permite que les augure poco éxito?

—Somos conscientes que es un objetivo difícil pero persistiremos hasta que haya un compromiso aceptable para los vecinos. Ya avisamos que no nos rendiremos aunque nos digan que no, porque es de justicia. Además, en Sóller también se han dado cuenta que sería bueno para ellos.

—¿En Sóller les han apoyado?

—Sí, porque han visto que si los bunyolins tuviesen sus mismos beneficios, visitarían más Sóller y gastarían en comercios y restaurantes.

—Además de esta campaña de recogida de firmas, también trabajan en otros temas, como el edificio multiusos de Can Gual.

—Tenemos varias comisiones de trabajo y una de ellas es la de Can Gual. Su construcción del edificio está paralizada porque la empresa presentó concurso de acreedores. Este es un tema bastante envenenado políticamente y jurídicamente. A finales de noviembre nos entrevistamos con el alcalde, Jaume Isern, y nos dijo que estaba pendiente de la resolución judicial. Lo que queremos saber es qué pasará con el edificio, que ahora está a medio hacer y representa un auténtico peligro.

—¿Y qué pasará?

—Al alcalde le dijimos que creíamos que había falta de comunicación con los vecinos sobre este tema. Queríamos organizar una mesa redonda con todos los implicados pero él rechazó la invitación porque consideró que era un tema muy envenenado y no quería entrar en debates antes de tener la resolución del juez. Ahora hemos solicitado que el tema se incluya como punto del orden del día en el próximo pleno.