´Estamos sin negocio, sin ingresos y sin casa´

I. MOURE. CALVIÀ. En el diccionario de la crisis, la letra ´d´ es la que más páginas ocupa. ´D´ de desesperados. Lo sabe bien Antonio Bermúdez, un empresario de 56 años que, desde los 6, lleva afincado en el municipio. A día de hoy, vive una situación límite. "Estamos como quien dice en la calle. Sin negocio, sin ingresos y sin casa. Estamos viviendo con un amigo de la hija de mi señora. Me han declarado moroso en todos los sitios. Sufrimos daños psicológicos. Estrés. Ansiedad. Problemas para dormir...", manifiesta. Bermúdez asegura que el ayuntamiento de Calvià "es el culpable de que ahora estemos en la calle", al negarle hace tres años una licencia para el funcionamiento de un negocio en el centro turístico de Santa Ponça en base a unos argumentos que, hace unos meses, el Govern desestimó. Esto, argumenta, le ha impedido tener unos ingresos para pagar su hipoteca. Y, así, finalmente, le han desahuciado.
Sentado en un bar y acompañado de una prolija documentación contenida en archivadores, Bermúdez relata los pormenores de su caso, cuyo origen se remonta a 2003. Ese año, compró por 132.000 euros una vivienda en el número 34 de la calle Ramon de Montcada, con la que venía anexa una terraza a pie de calle. "Aquello era un basurero, con jeringuillas, animales muertos... Y yo la arreglé, convirtiéndola en una terraza limpia en pleno centro de Santa Ponça", detalla. Como en las escrituras que firmó la vivienda figuraba como local, el empresario lo aprovechó para solicitar al Ayuntamiento el 25 de mayo de 2007 una licencia de actividad de comercio al por menor de artesanía y objetos de regalo, para colocar unos puestos en la mencionada terraza.
El negocio funcionó durante un mes. Allí vendía collares, pulseras, artículos de regalo. Pero el Ayuntamiento al final le denegó la licencia por deficiencias en la accesibilidad, tal y como consta en una resolución de alcaldía del 27 de junio de 2007. Bermúdez recuerda que perseveró en la defensa de sus derechos y solicitó de los servicios jurídicos del Govern una "exención" en el cumplimiento de la normativa en materia de barreras arquitectónicas. Lo logró, según rememora el empresario, quien agrega que, con ese documento acreditativo, consiguió el 27 de junio de este año la licencia de apertura. Pero ya era demasiado tarde. En este tiempo, la hipoteca le había subido de 700 a 2.247 euros al mes. Sin tener los ingresos de su negocio, el pago se le hizo imposible, y la entidad bancaria acabó ejecutando el embargo el pasado 29 de julio. Aquel día, la Policía les desalojó con una orden judicial. Ante este laberinto en que se halla encerrado, el empresario calvianer asegura que quiere pedir una reclamación por daños y perjuicios contra el Ayuntamiento. "Durante estos tres años, he dejado de ganar mucho dinero", dice Bermúdez.
Fuentes del área municipal de Comercio señalaron ayer que la licencia nunca se llegó a tramitar, al tratarse de una unidad residencial, sin la catalogación urbanística para albergar una actividad económica.