El juez retrasa la demolición del puente y fija una multa para Pastor

S. SANSÓ. PORTO CRISTO. Un nuevo auto del Tribunal Superior de las Balears (TSJB) retrasará finalmente en tres meses y medio los plazos marcados para tirar abajo el puente del Riuet de Porto Cristo. Las obras de demolición deberán iniciarse ahora antes del 15 de enero de 2011 y estar concluidas antes del 15 de marzo, en detrimento de la fecha marcada del 1 de diciembre de 2010.
La nueva periodicidad se enmarca dentro de la petición de aplazamiento de la corporación manacorina, que alegó hace casi un mes la imposibilidad de tener listo el proyecto de demolición, aludiendo a que Endesa no le había presentado una alternativa para el paso de la electricidad de una parte a otra del Riuet, flujo que transcurre desde 2004 por dentro de la obra.
Además, en el acuerdo, la Sala de lo Contencioso Administrativo marca en esta ocasión una multa coercitiva dirigida al alcalde de Manacor, Antoni Pastor (PP), de 1.000 euros quincenales de su patrimonio personal, por cada lapso de tiempo que se retrase en la presentación del proyecto de demolición, ahora fijado para el 15 de octubre de este mismo año.
Cabe recordar que el auto, con fecha del pasado lunes doce de julio, se redactó una semana antes que el Parlament aprobara, a instancias de PP y UM, una enmienda a la ley para dar cobertura legal a la infraestructura elevada de Porto Cristo, a lo que ahora se aferra el Ayuntamiento. "Ya estamos ultimando el informe que haremos llegar en breve al TSJB, para que tenga en cuenta la nueva situación legal", advirtió ayer Pastor, quien se mostró muy confiado en que el puente quede intacto: "Sería sorprendente que ahora no se tuviera en cuenta un nuevo estatus jurídico que afecta, no sólo a ésta, sino otras muchas rondas y travesías de Mallorca".
Pese a ello, el presidente de la Sala, Gabriel Fiol, hace constar en el auto que conoce la estrategia municipal, y advierte de forma contundente que no tolerará más "incumplimientos disimulados" de lo sentenciado en el auto del 23 de marzo de 2010, donde señalaba que el puente era "ilegal e ilegalizable". El juez, además, dice que a partir de la fecha exigirá al ayuntamiento de Manacor "información detallada –y paulatina– del curso y del resultado de las actuaciones, encaminadas sin el menor asomo de duda a la efectiva ejecución de la sentencia".
"Hay que ser prudentes. Está claro que me preocupa que me puedan llegar a multar, pero es una cosa normal dentro de este tipo de procedimientos", reiteró Pastor, quien confirmó que no se ha cerrado ninguna de las vías de defensa: "Además de la enmienda del Parlament, seguimos con el recurso del Tribunal Constitucional y redactando activamente el proyecto para el derrumbe".

Los vecinos afectados

Los vecinos perjudicados por la construcción del puente elevado mostraron ayer de nuevo su esperanza por el auto, tras la decepción del pasado martes en el Parlament. "Creemos que el juez pone las cosas en su sitio, es evidente que conoce que parte del Ayuntamiento ha urdido una estratagema para legalizar una obra a la carta, lo que crea un precedente muy peligroso y da carta blanca a futuras irregularidades", dijo el portavoz de la plataforma, Jaume Vives, quien recordó que el colectivo está dispuesto también a llegar al Tribunal Constitucional, "con el fin de defender nuestros derechos al descanso y a una vivienda digna".