El Partido Popular de Son Servera, en el transcurso de una rueda de prensa, acusó ayer al actual equipo de gobierno de excesiva permisividad en el incumplimiento de las obligaciones de la actual empresa concesionaria de la distribución de agua potable de Son Servera, Aguas Son Sard.
Según el portavoz popular, Damià Ripoll, este hecho, las carencias del servicio de agua potable, fue reconocido por el actual presidente de la comisión de seguimiento, el independiente Pep Álvarez, en la última sesión plenaria, sin que ello haya servido de aliciente para solventar las graves dificultades actuales. Ripoll insiste en que esta circunstancia, o este comportamiento, "es para nosotros muy grave y demuestra que una parte fundamental del problema, aparte de los sueldos millonarios que se abonan, ha sido la concesión de la explotación del servicio de agua potable a una empresa hacia la cual el alcalde demuestra, una vez más, que le dedica un tracto de favor preferente".
Los populares denuncian que la empresa tendría que haber cambiado tres mil metros de tubería a razón de mil metros por año y que hasta la fecha no se han cambiado ninguno. Además, según Ripoll, la empresa ahora podrá solicitar aumento de las tarifas. Este es el paso siguiente y "nos tememos que el ayuntamiento las autorizará". Ripoll aseguró no entender como después de verse obligados a reconocer el incumplimiento del contracto de concesión, no se ha abierto aún algún expediente a la empresa suministradora.
La interpretación del alcalde
Por su parte, el alcalde Antoni Servera (Independents) ofrece una visión y una interpretación completamente distinta de la problemática. Ayer aseguró que la empresa dispone de siete años para hacer los cambios de tuberías y que no se especifica en el contrato cuantos metros deben modificarse en cada periodo anual. El primer edil reconoció sin embargo que en la actualidad se está estudiando un informe presentado por la empresa en el que no se prevé cambiar la canalizaciones de fibro cemento antiguas y que todavía perduran, pero al mismo tiempo aseguró que no se tomara ninguna decisión sin el pertinente informe de los técnicos de la casa. También afirmó que "obligará a la concesionaria a cumplir todos los términos de contracto y que en ningún caso ha habido tracto de favor".
