El Ayuntamiento, reunido ayer en pleno, aprobó por unanimidad y a instancias del Bloc una moción que reconoce el derecho de los ciudadanos a convocar consultas populares. El texto presentado por los nacionalistas tuvo, sin embargo, que ser modificado antes de contar con el visto bueno del resto de partidos (PP, PSOE e Independents).
Inca se convierte así en el primer consistorio en apoyar este tipo de propuestas, afirmando "el derecho del pueblo a decir el futuro de Balears". La moción reiteró también la demanda aprobada por la corporación local en una sesión anterior, en la que se insta al Govern "a la elaboración de una ley que regule las consultas populares en el ámbito de las islas, incluidas aquellas de carácter insular que han de ser competencia de los Consells" y se compromete a "colaborar institucionalmente con las iniciativas locales que pretendan la celebración de referéndums, siempre que estén amparados en el marco legal vigente", reza el texto final. Precisamente, fue esta última afirmación, propuesta por el alcalde Pere Rotger, la que hizo cambiar de opinión al resto de grupos, que finalmente votaron a favor.
Según explicó Andreu Caballero (Bloc), la Constitución contempla este derecho al igual que el nuevo Estatut d´Autonomia, dando pie a planteamientos muy diversos desde la reforma de la constitución a que Balears sea un estado propio.
El referéndum puede ser vinculante o consultivo, recordó Caballero, y el Consejo de Ministros tiene la obligación de permitirlos. Lo importante de esta moción "es que los ciudadanos pueden pedir un referéndum", pero todavía "falta una normativa que los regule", detalló.
El pleno también dio luz verde al reconocimiento de 1,3 millones de euros de facturas extrajudiciales correspondientes al ejercicio de 2009, un punto que únicamente contó con el apoyo del equipo de gobierno, y que fue objeto de un extenso debate.
La oposición criticó, en este sentido, "la nefasta gestión económica local", que "acumula deudas por valor de 20 millones de euros", denunciaron. Algunas de ellas contraídas con Gesa, a la que, según afirmaron, el Consistorio debe 68.000 euros. Xavier Ramis (PSOE) reprochó al equipo de gobierno el sobrecoste presupuestario, que achacó a la "falta de control" y recordó que se deben 200.000 euros del suministro de agua. En términos similares, se pronunció Àngel Garcia (Independents), que recriminó a la corporación haberse excedido un 70% del presupuesto. El Bloc, por su parte, llegó incluso a acusar al Consistorio de adjudicar ilegalmente contratos que suman más de 100.000 euros, y de los que no se convocaron concurso público.
El edil de Hacienda, Lluís Ferrari, aseguró, por contra, que este año se han reducido un 20% las facturas extra con respecto a 2008, al tiempo que aludió al problema de la financiación de los ayuntamientos.
