La propiedad de la residencia Cas Notari rescinde el contrato a los concesionarios

I. M. MANACOR. La propiedad de la residencia de ancianos Cas Notari de Porreres anunció ayer que rescindirá el contrato de alquiler y gestión a Uco Grup y Piqalba, después de las irregularidades que han salido a la luz esta semana. Los trabajadores del centro denunciaron ante la Guardia Civil y la Policía Judicial el abandono de una quincena de internos, que padecían una falta continuada de comida y de asistencia médica desde finales del año pasado.
A través de un comunicado, la propiedad avisa de que, llegado el caso, Uco Grup y Piqalba "tendrán que responder y cargar con todas las consecuencias e irregularidades de gestión". Y, a continuación, subraya que los nuevos gestores del centro emprenderán la contratación de un equipo médico nuevo. "Se pretende que los servicios, con la nueva dirección, sean del más alto nivel", agregan en el comunicado.
En este sentido, la propiedad confía en dar un "giro de 180 grados" a la situación actual, para lo cual, señala, las instalaciones "dispondrán próximamente de un servicio de día, fisioterapeuta, neuropsicología, musicoterapia, animación sociocultural y estimulación cognitiva".
Otra de las mejoras anunciadas, apuntan, consistiría en la contratación de un "conocido cocinero", con la finalidad de "dar calidad" a los menús. También se aboga por la creación de una "nueva línea de servicios y atenciones para los familiares de la localidad". Además, informan de que la nueva dirección, mediante los servicios sociales municipales, facilitará un menú gratuito para los más desfavorecidos de Porreres.

Irregularidades continuadas

En los últimos seis meses, el Institut Mallorquí d´Afers Socials (IMAS) del Consell de Mallorca efectuó tres inspecciones.
Durante la visita, según remarcó después el Consell de Mallorca, Mullor, junto a responsables del área de autorizaciones, inspección y registro de servicios sociales del IMAS, constataron que "en estos momentos no hay ninguna circunstancia que haga que las personas residentes tengan un déficit de atención grave o se encuentren en peligro".
En esta misma línea, se expresó también la Policía Nacional, como informó la institución insular.

Expediente sancionador

El Institut Mallorquí d´Afers Socials señaló que la apertura de un expediente sancionador contra el mencionado centro privado de internamiento de ancianos supone el inicio de un procedimiento administrativo, "cuyas características, según la ley, sólo pueden conocer las partes interesadas".
Por otra parte, UGT amenazó con presentar una demanda ante el juzgado de lo Social si no se produce una resolución rápida de la situación.