Los alcaldes de municipios de la isla con una proporción destacada de población extranjera manifiestan estar en contra de endurecer el acceso de los inmigrantes al empadronamiento, un trámite que les permite el acceso a servicios básicos, de tipo sanitario o educativo, por ejemplo. Los responsables municipales descartan seguir la línea marcada por el ayuntamiento de Vic (Barcelona), que quiere exigir el permiso de residencia a los extranjeros para permitirles su registro en el censo.

La iniciativa del municipio barcelonés, donde la ultraderecha encabezada por Josep Anglada cuenta con representación a través de Plataforma per Catalunya (PxC), ha dividido a la clase política catalana y ha propiciado el surgimiento de voces críticas denunciando lo que consideran una política xenófoba. "Es un tipo de medida que no pensamos adoptar", declara la alcaldesa de Andratx, Isabel Alemany (UM). El municipio que gobierna tiene un porcentaje de población extranjera en torno al 30 por ciento, pero eso "no supone ningún problema", argumenta Alemany.

Un "mayor esfuerzo" social

"La convivencia es tranquila. Cumplen con sus derechos y obligaciones", añade la alcaldesa, quien, no obstante, reconoce que la mayor proporción de foráneos ha obligado a un "mayor esfuerzo" del Ayuntamiento para prestar más servicios sociales. Tolerancia e integración son conceptos que se repiten en las declaraciones realizadas por los máximos responsables municipales consultados por este diario. "Tenemos que ser tolerantes con la gente que viene de fuera. Hay que recordar que en otras épocas nosotros también tuvimos que irnos a otros países. Les tenemos que dar el mismo trato", manifiesta el alcalde de Santanyí, Miquel Vidal (PP), que rige un municipio donde casi 4.000 de sus 12.300 habitantes son de origen extranjero, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Tenemos 22 nacionalidades y no se ha planteado nunca ningún conflicto", apunta la máxima autoridad municipal de Sant Llorenç des Cardassar, Mateu Puigròs (GISCa). El alcalde llorencí destaca en este sentido el profundo trabajo de integración realizado en los últimos años por los Servicios Sociales del Consistorio.

Los alcaldes consultados detallan, en la mayoría de casos, que para permitir el empadronamiento se exige al inmigrante un documente que acredite su arraigo en el municipio. Un control mínimo para evitar una situación como la que se vivía hasta el inicio de esta legislatura en Porreres, donde no se exigía ningún tipo de documento. "Desde esta legislatura les pedimos un contrato de alquiler o un título de propiedad. Así evitamos el desorden que se producía", explica el alcalde Bernat Bauçà (UM).

"No ponemos pegas para el empadronamiento, siempre que reúnan unos requisitos mínimos. Somos un pueblo abierto, integrador", afirma el alcalde de sa Pobla, Joan Comes (IxSP).

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