Un desacuerdo para esquivar culpabilidad

LLORENÇ RIERA Tres años largos después de la detención de Martina Gelabert, el escándalo del ayuntamiento de Sineu, personificado en el grueso de su contenido en esta funcionaria, sigue manteniendo la capacidad de sorpresa en cuanto a hechos y resultados y no tanto en lo relativo a las reacciones. En este último aspecto continúa predominando la táctica de escurrir el bulto. Hacer lo contrario sería más digno y responsable, pero implicaría también admitir culpas compartidas por omisión y acción, aparte de ubicar del despropósito del descontrol municipal, del exceso de confianza no justificada ni recomendada y el presunto desvío de dinero público en su dimensión real. Esa misma que detecta y padece el administrado.
Transcurridos tres años y medio de actuaciones judiciales y todos sus derivados, no queda más alternativa que promover juicio oral porque las partes no se entienden o renuncian directamente al acuerdo en defensa de lo que consideran sus legítimos intereses. Nada que decir desde el punto de vista jurídico o de los derechos personales y el interés público en términos asépticos, pero el hecho tiene invariablemente otras interpretaciones políticas y sociales. Ya han mediado unas elecciones desde que estalló el escándalo y, también presuntamente, el elector ya ha dictado su propia sentencia que afecta invariablemente a todos los colores políticos que han habitado o mutado en la casa consistorial de Sineu. El ayuntamiento actual ha rechazado el acuerdo propuesto por el Ministerio Público porque no incluía indemnización para las arcas públicas. Lógico. Pero también es cierto que signar el entente significaba de forma implícita admitir que todo aquel que ha tenido rango de gobierno en Sineu no puede lavarse las manos de las malversaciones, falsedades o infidelidades que se imputan a la ex recaudadora Gelabert.