Tras años de gestiones, previsiones incumplidas, polémicas varias entre administraciones de distinto color político, problemas técnicos y frenazos constructivos, el futuro de una de las obras más reclamadas en el municipio de Calvià, la casa–cuartel de la Guardia Civil, comienza a aclararse. Después de llevar meses paralizadas, las obras se han reanudado y estos días es posible observar ya a operarios realizando mediciones y excavadoras trabajando sobre el terreno.
La necesidad de esta infraestructura para la Benemérita en Calvià adquirió todavía más relieve tras el atentado de ETA de este verano. Se evidenció entonces con toda su intensidad la falta de medios de la Guardia Civil en Calvià, que dispone de un pequeño cuartel obsoleto en el centro de Palmanova y unas dependencias provisionales situadas en la calle de na Boira de esta localidad.
En este lugar, se produjo el ataque terrorista que mató a los agentes Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvà. No había cámaras de seguridad ni inhibidores de frecuencia para evitar el uso a distancia de detonadores.
Meses de parálisis
El acuartelamiento se proyecta sobre un solar de 3.654 metros cuadrados en el polígono de Son Bugadelles (Santa Ponça). Se prevé que el edificio, cuyo plazo de ejecución es de aproximadamente un año, albergue 32 viviendas destinadas a la Benemérita. Además, la futura casa–cuartel, que tendrá capacidad para un centenar de agentes, acogerá dependencias oficiales de la policía judicial y del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).
Tras varios retrasos, las obras –adjudicadas a la empresa FCC Construcción por unos cuatro millones de euros– comenzaron a principios de año. Se realizaron los primeros trabajos de preparación del terreno, pero enseguida se frenaron al hallarse deficiencias en el proyecto original y, por eso, la empresa optó por parar las obras hasta modificarlo.
Polémica política
Meses después del parón de la infraestructura, a finales de julio, se produjo el atentado de ETA. La polémica política giró entonces en torno a la responsabilidad de la paralización de una infraestructura que reforzaría la seguridad del instituto armado en Calvià.
El alcalde Carlos Delgado (PP) criticó la "cobardía" del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, al "eludir su obligación" de dotar a los agentes con los medios e instalaciones "adecuados". Paralelamente, el equipo de gobierno municipal presentó una moción en el pleno en que instaba a Madrid a acabar la obra. La moción alegaba que la construcción se había paralizado "sin que exista razón para ello", que la obra contaba con la "preceptiva licencia" y que el proyecto fue "debidamente aprobado por el Ministerio".
La oposición negó que las obras se frenasen por motivos políticos, sino por razones técnicas. Así, el portavoz socialista en Calvià, Antoni Manchado, afirmó que el proyecto constructivo entregado por el Consistorio a Madrid tenía varios errores, lo que, según dijo, explicó el parón posterior. Manchado coincidió con el regidor de UM Isidre Cañellas en denunciar la "utilización política perversa" del atentado hecha por el alcalde.
