El PP considera que el derrumbe del cuartel podría ser delito contra el patrimonio

EUROPA PRESS El PP entendió hoy que podría haber un delito contra el patrimonio, así como otro de desobediencia a la autoridad por el hecho de que el pasado mes de octubre se derribase el 45 por ciento del cuartel de los 'carabiners' de Ses Salines, pese a que existiese un acta previa de paralización por parte de un inspector del Consell.

El portavoz 'popular' en la institución insular, Jaume Font, calificó como "deplorable" que se produjese este derrumbe de "casi la mitad" del edificio y, aunque señaló desconocer "quién es el responsable del desastre", su "primera impresión" es que es el Consell y no el alcalde del municipio, el socialista Sebastià Burguera.

Además, destacó que se trata de un Bien Catalogado por la institución insular y se preguntó por qué no se ha acudido todavía a Fiscalía. En este sentido, cuestionó si "encubren al alcalde" o es que la orden de demolición "partió de otra institución".

Por todo ello, aseguró que hoy mismo acudirán a Patrimonio para "pedir las explicaciones necesarias" y, en función de éstas, decidirán cómo actuar. Asimismo, indicó que todavía desconoce si llevarán este asunto al próximo pleno.

El acta de paralización por parte del inspector del Consell data del pasado 22 de octubre, un día después de que se empezase a retirar el tejado del edificio. No obstante, la demolición se llevó a cabo a principios de octubre.

Según detalló el 'popular', las "primeras alarmas" sobre este asunto procedieron de la entidad ARCA, que denunció que, en el marco de las obras previstas en el Plan E del Gobierno central, el consistorio de Ses Salines había firmado un convenio con el Ministerio de Interior para hacer una actuación en la zona, y donde estaba previsto el derrumbe de este edificio construido en 1920.

CONDICIONES DEL REGLAMENTO

Por otra parte, Font se refirió al punto acordado en la renegociación del pacto en el Consell de Mallorca, en relación a la aprobación del nuevo reglamento orgánico. En este sentido, señaló que el PP votará a favor "con los ojos cerrados" en el caso de que cumpla con seis condiciones como son que la documentación llegue en un plazo máximo de 30 días, que la parte de control del pleno se realice al comienzo de la sesión y que haya más de uno durante cada mes.

De la misma manera, Font también exigió que los partidos tengan el mismo tiempo para presentar las mociones, interpelaciones y preguntas que se posee en el Parlament, que se cree una comisión por cada área y que, cuando se produzcan sesiones de control, haya un presidente moderador que no sea la líder del Consell, Francina Armengol.

Además, en referencia al Plan de Carreteras, Font indicó que "se reservan" hasta que vean el informe definitivo de las alegaciones puesto que, por el momento, desconocen si "cae algún tramo de la carreteras" a consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo entre los socios del equipo de gobierno.