El Norte y Llevant de la isla son las zonas más conflictivas en el reciclaje de escombros

M. CAÑELLAS. PALMA. El Plan E llega a su ecuador. A falta de tres meses para que se cumpla el plazo máximo permitido para su ejecución, las instituciones insulares muestran su preocupación por el volumen de residuos derivados de las obras. El único municipio que ha hecho bien los deberes ha sido Palma –han explicado recientemente– en virtud del convenio alcanzado con el Consell para su tratamiento, el resto dejan su gestión en manos de los promotores confiando en que cumplirán la normativa.
Ante la duda, Mac Insular, empresa gestora de residuos, dependiente del Consell, ha advertido a algunos ayuntamientos sobre presuntas ilegalidades cometidas por los constructores de las obras del Plan E. La institución insular ha remitido una carta a municipios como Manacor, Sant Joan, Sant Llorenç, Muro, Sineu, Petra, Alcúdia, Maria de Salut o Santa Margalida, informándoles de que no hay constancia de la entrada de residuos en la planta de tratamiento de algunas de las obras que se están acometiendo en sus localidades, una observación que, si bien no desestiman, no ha sido del agrado de sus alcaldes, quienes derivan las competencias sobre el control de escombros al Consell. Es más, la mayoría ha arremetido contra unas tasas que consideran "abusivas" y acusan a la institución insular de provocar con ello el aumento de los "puntos marrones" o vertederos de escombros incontrolados.
Las localidades del norte y el levante de la isla son las menos concienciadas. La problemática en estas zonas es mucho más acuciante que en el sur y poniente, detalló Manuel Garbayo, gerente de Mac Insular, que insistió en la necesidad de "respetar la cadena de responsabilidades" establecida en la normativa vigente. Los supervisores de las obras tienen el deber de velar por el cumplimiento de la ley actual, afirmó. Una consideración de la que discrepan muchos responsables municipales. Alcaldes como el de Muro, Maria de la Salut o Alcúdia achacan la ausencia del registro a que son obras que apenas generan escombros y los pocos que resultan se reutilizan en otros proyectos.
Mateu Puigrós, alcalde de San Llorenç, explica en este sentido que los promotores han llegado a acuerdos con canteras de Porto Cristo y Artà, en vías de rehabilitación, para dejar aquellos residuos libres de contaminación.

El coste, principal problema

Según dijo, descargar una tonelada allí cuesta 12 euros, mientras que Mac Insular cobra 58, y 117 si es material "sucio" (mezclado con otros desechos). Puigrós detalla, asimismo, que el Consistorio paga anualmente unos 4.500 euros de la recogida de escombros depositados ilegalmente. Pero estas actuaciones, según dijo Garbayo, son irregulares. Cualquier residuo que se genere en una obra únicamente puede ser reutilizado en la misma, el resto debe ir directamente a la planta. De la misma manera, ésta es la única para descontaminarlos para el uso de canteras.
El Consell de Mallorca ha pedido auxilio a delegación del Gobierno, a la que ha solicitado la incorporación de agentes especializados de la Guardia Civil. Con ello esperan afianzar las medidas de control, ante "el poco rigor" de los ayuntamientos a la hora de exigir a las empresas que demuestren que los escombros son tratados de forma correcta, una tesis que no comparten los alcaldes quienes aseguran disponer de toda la documentación acreditativa.