El juez rechaza aplazar un derribo que costará 424.000 euros al Consistorio

I. MOURE. PALMA. El juez de lo Contencioso–Administrativo número dos de Palma ha rechazado la petición formulada por la alcaldesa de Andratx, Isabel Alemany (UM), para suspender de forma cautelar la ejecución de una orden de derribo de un edificio ilegal en la avenida Gabriel Roca, en el Port, una operación que costará 424.000 euros a las arcas municipales. La alcaldesa y tres regidores de la corporación municipal se enfrentan a una multa si el Consistorio no efectúa antes de diciembre la demolición.
Los promotores del inmueble obtuvieron en 2001 una licencia municipal para construir el mencionado inmueble, a pesar de que el solar en que se erigió tenía únicamente calificación para zona de aparcamiento. Constatada la irregularidad, una resolución judicial emplazaba al Ayuntamiento a ejecutar subsidiariamente la orden de derribo.

2,5% del presupuesto

El Consistorio podrá demandar posteriormente el dinero que cueste la demolición a la promotora del edificio, pero, de momento, deberá afrontar un gasto extraordinario que supone el 2,5 por ciento del presupuesto municipal de ingresos previstos para este año.
A principios del mes de septiembre, la alcaldesa se reunió con el magistrado a fin de solicitar una suspensión cautelar del derribo, con el argumento de que es una pieza judicial que forma parte del caso Voramar –un presunto entramado de corrupción para la venta de licencias ilegales de obras.
Una vez desestimada esta petición, el Ayuntamiento deberá proseguir con los trámites para proceder a la operación de derribo. Desde el departamento de Urbanismo, ya se ha redactado el proyecto de ejecución, mientras que el área de Hacienda ha preparado la preceptiva modificación presupuestaria para afrontar el gasto.