La jueza de instrucción 2 de Inca, María Campoy, ha decretado la apertura de juicio oral contra la cúpula de la emblemática fábrica de calzados Yanko, a la que imputa un presunto delito de insolvencia punible o alzamiento de bienes en perjuicio de acreedores de la compañía y, más en concreto, de los trabajadores. La instructora también ha confirmado la obligación de depositar una fianza de 1,8 millones de euros para afrontar las posibles responsabilidades económicas (pecuniarias) de los delitos, una medida que había sido impugnada por el principal imputado, Javier Camp Vila.
Las decisiones judiciales afectan, además de Camp, a Joaquín Carlos Castellví; Alejandro de Jaureguizar di Carlo; Miguel Ramis Puigros y Francisco Javier Unzeta, todos ellos imputados en el sumario.
La jueza destaca en su auto de apertura de juicio que los gestores de Yanko, pocas horas antes de presentar la solicitud de concurso voluntario de acreedores, formalizaron la venta de una nave de la empresa en Llucmajor y resolvieron un contrato de arrendamiento de una tienda en pleno centro comercial de Barcelona (el Paseo de Gracia).
Estas operaciones habrían perjudicado a los acreedores de la industria de calzados, como consta en el informe de la administración concursal aportado en el juzgado de lo mercantil 1 de Palma.
La jueza estima que se tendrá que celebrar un juicio oral para determinar si aquellos negocios adoptados en un mismo día, el 25 de octubre del 2005, fueron claramente perjudiciales para los trabajadores y otros afectados por el concurso de Yanko.
En las operaciones presuntamente delictivas también intervinieron los responsables de otra sociedad, el Grupo Inmobiliario Castellví S.L.
