La jueza inspecciona el Castell para documentarse sobre la propiedad

El reconocimiento judicial fue solicitado por las instituciones que defienden la titularidad pública

J. FRAU/ B. NOGUERA. ALARÓ. La titular del juzgado de primera instancia número seis de Inca, Catalina Martorell, realizó ayer un reconocimiento judicial en la hospedería del Castell de Alaró junto a los abogados de las distintas partes en litigio con el fin de documentarse sobre el terreno antes de la celebración del juicio, el próximo día 4 de mayo, que deberá determinar si parte de los edificios que conforman la hospedería pertenecen a la familia Ordinas o bien son de carácter público, tal como defienden la Fundació del Castell d´Alaró, el Ayuntamiento y el Obispado.
La comitiva estaba integrada por la jueza y una secretaria judicial, además del abogado de la familia Ordinas, por una parte, y los letrados del Ayuntamiento, la Fundació y el Obispado, por la otra. Estos tres abogados fueron quienes solicitaron a la jueza el reconocimiento judicial de ayer. También estuvieron presentes el alcalde de Alaró, Joan Simonet (PP); el presidente de la Fundació del Castell d´Alaró, Mateu Marcús; el rector de Alaró, Pep Noguera; y el propietario de la finca, Llorenç Ordinas.
Durante toda la mañana, la jueza Catalina Martorell hizo fotografías de diversos puntos de la hospedería, mientras la secretaria judicial tomaba notas de las explicaciones que iban realizando los abogados para defender sus respectivas tesis sobre la propiedad de los diferentes edificios construidos en la cima del Puig de Alaró.
El litigio sobre la propiedad se inició hace unos años, cuando la familia Ordinas reclamó como suyos todos los edificios de la cima del Puig de Alaró, a excepción de la capilla y de la antigua hospedería, actualmente en obras de reforma por parte del Consell de Mallorca, unos trabajos cuya suspensión fue solicitada por la familia Ordinas al juzgado, que no atendió la demanda. Los Ordinas sostienen que el edificio conocido como la Taverneta y otra construcción situada al lado que ejerce la función de albergue, así como el patio interior de la antigua hospedería, son de su propiedad porque así lo reflejan las escrituras registradas en Inca.

Uso público

Las otras tres partes defienden que la zona es pública desde tiempo inmemorial. La abogada de la Fundació, Lorena Oliver, explicó que "el titular registrado es la Iglesia, pero el uso pertenece al Ayuntamiento". La misma tesis sostiene el alcalde Simonet, quien afirmó que "históricamente, este sitio ha sido gestionado por el Ayuntamiento, que ha ido pagando todos los gastos corrientes". Por su parte, el presidente de la Fundació, Mateu Marcús, apuntó que "existen documentos muy claros que demuestran que mucha gente del pueblo aportó dinero para las construcciones".
El letrado del Ayuntamiento, Pere Simonet, dijo que la zona reclamada por los Ordinas "es pública desde tiempo inmemorial, los vecinos de Alaró han subido toda la vida y siempre ha habido un ´donat´ (la persona que gestiona la hospedería mediante una concesión), y hasta la fecha los Ordinas nunca habían puesto impedimentos". Simonet añadió que existen documentos del propio Arxiduc Lluis Salvador que "prueban la titularidad pública".
Por su parte, Miquel Àngel Ordinas, hijo y abogado del propietario de la finca, prefirió no hacer declaraciones a la espera del juicio del próximo mes de mayo que determinará la propiedad de la zona de uso público.