Perera asegura que ninguno de los acusados firmó los certificados en el ámbito de sus competencias y pide su absolución

EUROPA PRESS. PALMA. El abogado Rafael Perera, encargado de la defensa de siete de los acusados en el caso Caballistas, confió hoy en que el tribunal dicte una sentencia absolutoria para los encausados, tras aseverar que ninguno de ellos, en el ámbito de sus competencias, estampó su firma en los certificados remitidos por el ex alcalde de Ses Salines, Sebastià Vidal, para reclamar un interés general al Consell de Mallorca sino que su actuación constituye "falsedad documental por particular" al no estar enmarcada en el ámbito de sus funciones.

Durante la fase de conclusiones del juicio que se está celebrando por este caso en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Perera defendió en la misma línea que si este tipo de falsedad es llevada a cabo por particulares, debe ser calificada como impune y atípica, y manifestó que la función que llevaron a cabo en 2004, a fin de respaldar la formalización de una construcción de Vidal en suelo rústico como sede de un centro caballista, "no pertenece al alcalde".

"Se les está imputando haber faltado a la verdad en la narración de los hechos, pero es una falsedad impune", recalcó el letrado al respecto. Asimismo, se refirió al caso concreto del ex alcalde de Sa Pobla, Antoni Serra, y lamentó que durante el juicio se haya "dado crédito" a la versión mantenida por el ex concejal de Sa Pobla, Joan Llabrés, y no a la de Serra. En cuanto a la actuación de los caballistas de Ses Salines en los distintos municipios afectados por el caso, reafirmó que "fuera de toda duda" tuvo lugar desde 1995.

En su discurso, Perera agregó al mismo tiempo que "no hay duda" de que el texto de las certificaciones fue dictado por Vidal, debido a la coincidencia de la redacción por parte de los siete ayuntamientos. "Creemos que cuando hablamos de Agrupación, es un elemento atípico porque lo que interesa es saber si se ha producido o no la actuación de los caballistas en el municipio en cuestión", remarcó también el abogado.

Mientras tanto, Agustí Cerveró, defensor del alcalde de Santanyí, Miquel Vidal, negó que se produjesen once certificados falsos, al tiempo que .manifestó que los intereses generales no requieren "de ningún formulismo, porque son discrecionales". En cuanto a los años de la principal edificación, recalcó que si la estructura básica no se modifica, no conlleva que se deba modificar la antigüedad de una construcción.

Por su parte, el abogado Juan Camacho, encargado de la defensa del ex alcalde de Campos, Andreu Prohens, hizo alusión a los informes favorables de las Consellerias de Turismo, Medio Ambiente, Agricultura y Deportes con los que contó el expediente de reclamación del interés general que solicitó el ex alcalde de Ses Salines con la pretensión de formalizar su finca de Na Fonda como sede de la Agrupación de Caballistas de este municipio y legalizar así, presuntamente, su vivienda unifamiliar.

De acuerdo a la pronunciación de Turismo, señaló que le trasladó a Vidal la conveniencia de acreditar que en la finca se venían desarrollando la actividad hípica para el entrenamiento y el adiestramiento de caballos. No obstante, la antigüedad del edificio principal no era un aspecto que se requería acreditar para obtener el interés general, sino que éste se concedió porque "se cumplían los requisitos de la Ley de Suelo Rústico, y más si se pide el interés general de una actividad".

En cuanto a la actuación de su defendido, manifestó que Sebastià Portell, secretario de Prohens, fue quien recibió la llamada de Vidal para la elaboración y firma de un certificado, mientras que el ex alcalde "no habló con él". "Prohens llegó a su despacho y se encontró con el certificado, cumpliendo con el requisito de darle el visto bueno", agregó el letrado, quien aclaró que su cliente "no certificó ni narró ningún hecho, sino que se limitó a firmarlo", aseverando además que "no tenía ninguna obligación de cerciorarse ni hacer ninguna comprobación sobre el contenido". Mientras tanto, el abogado de Portell, Carles Tarancón, apuntó que eran los mismos caballistas antes y después de 2001 los que actuaban en los municipios.

Está previsto que el juicio quede esta tarde visto para sentencia, tras esta tercera sesión del juicio, en la que restan por exponer sus conclusiones los abogados José Zaforteza, defensor de la ex alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, y Virginia Núñez, representante del ex concejal de Sa Pobla, Joan Llabrés.