El fiscal defiende que los alcaldes no conocían la finalidad del certificado y que Vidal ´les persuadió´

EUROPA PRESS. PALMA. El fiscal Ladislao Roig defendió hoy, durante la tercera sesión del juicio que se está celebrando por el caso Caballistas, que los alcaldes y ex primeros ediles acusados dentro de la causa por un delito de falsedad documental, no tenían un conocimiento "pleno" de la finalidad de los certificados que firmaron en 2004 a petición del ex alcalde de Ses Salines, Sebastià Vidal, quien presuntamente utilizó estos documentos para avalar la legalización de su vivienda, ubicada en suelo rústico, con la excusa de que se iba a formalizar como sede de una agrupación hípica.

Durante la fase de presentación de conclusiones por las partes, Roig manifestó que estos encausados emitieron "de forma alegre y descuidada" un dictamen "engañado" dejándose llevar por "la confianza y la persuasión" de Vidal, que "abusó de su confianza". "Rubricaron el documento sin la más mínima diligencia, con una ligereza total y absoluta, porque se lo pidió el amigo" - en referencia al ex alcalde de Ses Salines- "y por eso estamos hoy aquí", enfatizó el representante del Ministerio público.

En concreto, en el caso están implicados un total de diez consistorios del PP -Santanyí, Santa Margalida, Lloret, Inca, Sa Pobla, Felanitx, Campos, Llucmajor, Montuïri y Selva, además de Ses Salines-, que certificaron que la Agrupación de Caballistas de Ses Salines había actuado en estos municipios desde 1995, documentos que se incorporaron al expediente de reclamación de un interés general al Consell de Mallorca para formalizar el inmueble de Vidal como sede de la entidad, cuando en realidad la tramitación iba a servir presuntamente para legalizar su vivienda.