La acusación particular pide 4 años y medio de cárcel para Miquel Vidal, Joan Jaume, Antoni Serra y Joan Llabrés

EUROPA PRESS. PALMA. El abogado de la acusación particular Josep de Luis, que representa al denunciante Jaime Melis en el juicio por el caso Caballistas, reclamó hoy ampliar las penas solicitadas al alcalde de Santanyí, Miquel Vidal, al ex primer edil de Lloret, Joan Jaume, el ex alcalde de Sa Pobla, Antoni Ramis, y el ex concejal de este municipio, Joan Llabrés, de modo que reclama para ellos cuatro años y medio de prisión por considerar a los tres primeros autores de un delito de falsedad en documento oficial y Llabrés cooperador necesario de este delito.

Así lo expuso hoy durante la fase de conclusiones de la vista oral que se está celebrando por esta causa en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), donde De Luis pidió asimismo para los cuatro 18 meses de multa con una cuota diaria de 100 euros y cuatro años de inhabilitación para desempeñar un cargo público. Estas peticiones contrastan con las de la Fiscalía, ya que a Llabrés se le ha retirado la petición de pena por prescripción de delito, mientras que reclama nueve meses de inhabilitación y diez de multa para vidal, Jaume y Serra.

En cuanto a los demás acusados, diez más, pide seis años de prisión para el principal encausado, el ex alcalde de Ses Salines, Sebastià Vidal, los mismos que reclama la Fiscalía. Al mismo tiempo, solicita cuatro años y medio de cárcel para el celador municipal, Sebastián Escalas, y diez meses de multa con cuota diaria de 100 euros y suspensión de empleo público por nueve meses para el resto de los acusados.

En cuanto a los hechos que dieron lugar a la apertura de las investigaciones en torno al caso, De Luis afirmó que el celador Escalas mintió de forma intencionada en el informe de antigüedad que emitió el 4 de enero de 2005 acerca de las propiedades del ex alcalde de Ses Salines en suelo rústico -la que constituye la presunta vivienda que quiso legalizar con la excusa de ser sede de un centro hípico-, al certificar que sólo había una edificación en la parcela, de más de 26 años y que no se había hallado ningún expediente sancionador.

"Escalas quiso ayudar a su superior y mintió intencionadamente", incidió el letrado al respecto, recalcando que en el certificado omitió una edificación ilegal -las cuadras- y se acreditaba una antigüedad mayor a ocho años -plazo límite para la prescripción de las infracciones urbanísticas-, ya que de lo contrario estas infracciones no habrían prescrito y, como celador municipal, estaba obligado a denunciarlas. En el mismo sentido, si hubiera acreditado que había otra construcción, también tendría que haberla denunciado y le hubiera abocado a iniciar un expediente de infracción urbanística.

En esta misma línea, De Luis apuntó que, en base a lo declarado en el juicio, "parece" que la planta baja del edificio principal -presunta vivienda de Vidal- tenía más de 40 años mientras que el conjunto de la edificación tiene menos. "Cuando fueron los técnicos del Consell a hacer una inspección, vieron la segunda propiedad y eso que no conocían el terreno, mientras que el celador debía conocer la parcela, situada a un kilómetro del municipio, y no es creíble que no supiese que era del alcalde", remarcó el abogado.

INTENCIONALIDAD DE VIDAL, JAUME, SERRA Y LLABRÉS

También desde la acusación particular y en este caso en representación del socialista Andreu Crespí, la abogada Estela Soler aseveró que los documentos firmados por los cargos municipales del PP a petición de Vidal para certificar que la Agrupación de Caballistas de Ses Salines actuaba habitualmente en sus localidades desde 1995 -a fin de demostrar la actividad estable de la entidad y formalizar su sede en la finca del principal acusado-, "revestían una finalidad para ser incorporados a un expediente".

Y además, afirmó que ha quedado probada "la intencionalidad de Miquel Vidal, Jaume, Serra y Llabrés, además de Sebastià Vidal", quien, agregó, les pidió telefónicamente que emitiesen el certificado, que les fue remitido por fax. "Está más que probado que sabían perfectamente cuál era la finalidad", sentenció.

LIBRE ABSOLUCIÓN PARA VIDAL Y ESCALAS

Desde la defensa, el abogado Llorenç Salvà, defensor de Sebastià Vidal, pidió la libre absolución de su cliente al justificar que, mediante la reclamación de un interés general al Consell de Mallorca, pretendía formalizar en su finca la actividad de la Agrupación de Caballistas de Ses Salines. En cuanto al resto de acusados, pertenecientes a un total de diez ayuntamientos mallorquines del PP, recriminó que "no se les haya exigido rigor", al firmar documentos oficiales que se incorporarían al expediente de reclamación del interés general.

por su parte, José Ignacio Herrero, abogado de Escalas, defendió que en el informe del celador no se produjo ningún delito de falsedad documental, al tiempo que aseveró que la principal construcción de la parcela de Vidal tenía más de 26 años -tal y como declaró el pasado lunes el propio ex alcalde ante el tribunal- y que sólo se pretendía la legalización de las cuadras. "De ello sólo puede derivarse la libre absolución", concluyó.