La Sala asegura que la expropiación del solar anexo al colegio Ponent es legal

El equipo de gobierno recurrirá la suspensión de la ocupación de la parcela dictada por el juez

J. FRAU. INCA. El ayuntamiento de Inca anunció ayer que presentará un recurso contra el auto judicial que suspende la ocupación por parte de la institución local del solar anexo al colegio público Ponent que se expropió para ejecutar la ampliación del patio escolar. El equipo de gobierno del PP asegura que los servicios jurídicos municipales "reiteran que el proceso para expropiar los terrenos se ha llevado a cabo siguiendo la legalidad de forma estricta".
El propietario del terreno anexo al colegio Ponent, el constructor y ex militante del PP Joan Ferrà, había recurrido en julio de 2007 la decisión municipal de ocupar la parcela al considerar que la expropiación se basó en una "mala tasación" del terreno. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Palma ha aceptado el recurso y ha decidido la suspensión de la ocupación municipal del solar, por lo que las obras de construcción de un nuevo patio deberán esperar "entre dos y tres años", según el propio Joan Ferrà.
El Ayuntamiento expresó ayer su "discrepancia total" con el contenido del auto judicial y su convencimiento de que el recurso municipal "será atendido". Según los técnicos, "el criterio usado en esta suspensión cautelar haría inviable cualquier procedimiento de expropiación urgente como los que se usan para la construcción de equipamientos públicos". El Consistorio confía en que en el plazo de "pocos meses" el juzgado pueda ver la apelación y "se desbloquee la situación".
El equipo de gobierno popular añade que en el procedimiento de expropiación del solar "se ha abonado la cantidad que han fijado los técnicos municipales". El Ayuntamiento ha pagado por la parcela 757.000 euros, mientras que el ex propietario reclama 1,8 millones.
En una nota emitida desde la alcaldía se subraya que si la Sala hubiese pagado lo que pedía Ferrà "se habría cometido un delito de malversación de fondos públicos" y que la "actitud beligerante" del constructor "perjudica a toda la comunidad educativa del colegio público Ponent".