"Es ridículo que los payeses debamos pagar para sembrar, para arar o para mantener el paisaje". La frase de Biel Torrens, el actual secretario general del sindicato agrario Unió de Pagesos, supone una de las primeras reacciones del sector agrícola de la isla al decreto aprobado a principios de julio por el Consell de Govern de Balears, cuyo objetivo es beneficiar a un colectivo que también padece de primera mano las consecuencias de la crisis que supone el aumento del precio de los factores de producción.

Se trata de una medida reivindicada por el sector de la payesía balear que excluye a las explotaciones agrarias de la obligación de obtener la licencia de actividad. Concretamente, el decreto del Govern permitirá que unos 13.000 agricultores de Balears que desarrollan su actividad desde hace al menos cuatro años queden exentos de darse de alta y, en consencuencia, de pagar los impuestos pertinentes.

La medida beneficia a todos aquellos agricultores que lleven realizando la actividad agraria al menos desde el año 2004, quienes quedarán exentos de pagar por la licencia de actividad agrícola. Sin embargo, los payeses que se hayan incorporado al sector a partir de ese año deberán solicitarla. Según fuentes de la conselleria de Agricultura y Pesca del Govern, el pasado año se dieron de alta unos 61 agricultores en las islas.

La medida ha sido bien recibida por el sector de la payesía. Sin embargo, desde el sindicato Unió de Pagesos se hace una "llamada de atención" al ejecutivo. "En primer lugar, las tramitaciones, que aún están por definir, deberían ser fáciles de realizar, y, por otro lado, es importante que no se cargue a los payeses con más impuestos", indica Torrens. Los agricultores reclaman que "no se tenga que pagar nada", añade.

El decreto aprobado por el Govern expone que "la agricultura tiene una importancia enorme desde el punto de vista social, político y de mantenimiento del territorio". El documento destaca no sólo la función productiva que desempeña el sector de la agricultura, sino el rol social que asume. "Cumple no sólo una función productiva de alimentos, sino que satisface demandas sociales ligadas a la conservación del medio ambiente", apunta el texto aprobado por el Ejecutivo de Francesc Antich.

Desde la conselleria de Agricultura se ha afirmado que con esta medida se "pretende facilitar y garantizar la continuidad del sector agrícola y ganadero" en las islas. Se entiende que "el sector esta viviendo ahora una fuerte crisis de modelo acentuada por el la subida de precios de las materias primas".