caso rabasco. el fiscal presenta pruebas periciales en el juicio por la presunta trama empresarial

Hacienda declara que las facturas de gastos no justifican los ingresos de las empresas

 
Aldao, Tomàs y Rabasco junto a sus abogados, ayer, momentos antes de entrar en la sala.
Aldao, Tomàs y Rabasco junto a sus abogados, ayer, momentos antes de entrar en la sala.  Foto: B. Ramón
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Los inspectores revelan que algunas de las sociedades sólo trabajaron para el consistorio de Llucmajor

MARIBEL CAÑELLAS. PALMA. La fiscalía presentó ayer sus pruebas periciales. Alicia Cáceres y Javier Monzón, inspectora y subinspector de Hacienda, respectivamente, testificaron ayer ante la Audiencia Provincial, en el proceso que juzga al alcalde Lluc Tomàs, Joaquín Rabasco, ex regidor de ASI y a Mª del Amor Aldao, secretaria del citado partido, por un presunto fraude con fondos públicos.
Durante su comparecencia los agentes declararon haber hallado indicios de irregularidades fiscales a lo largo del análisis contable que se realizó a las empresas vinculadas a Aldao y Rabasco. Cáceres comprobó que muchas de las facturas que se presentaron no eran correlativas, ni estaban lo suficientemente detalladas. Es más, el informe patrimonial de cada una de las empresas reveló que sólo facturaban al ayuntamiento de Llucmajor, una apreciación que Eduardo Valdivia corregiría posteriormente, pues se tiene constancia de que Retsar Music S. L. en 2002 trabajó para Cort.
En el examen, los agentes, echaron, igualmente, en falta facturas de compra o rendimiento de personal. De hecho en uno de los casos únicamente figuraba Aldao, que cobró poco más de 6.000 euros aunque "no figuraba ningún contrato". Cáceres aludió también a la "desproporción" entre los ingresos y los gastos, y que se facturaba a dos empresas un mismo servicio. "También me llamó la atención que se repitiera la contratación de grupos como Bruno y Lino o Los Bohemios. Y así lo hice constar" añadió.
Monzón, por su parte, señaló que en ocasiones se aportaban únicamente tickets de restaurantes como justificantes de gastos. Hasta 265 facturas, aseveró el fiscal anticorrupción, Juan Carrau. Los agentes también estudiaron las cuentas de las empresas. En una de ellas se observaron ingresos del consistorio y salidas de fondos de 100.000 euros así como de cheques de hasta 3.000 euros pagados a Aldao.
Aun así, los agentes, a preguntas de la defensa, no pudieron certificar delito fiscal alguno e indicaron que el consistorio "pagó por los servicios". En su intervención, Valdivia quiso desacreditar a Monzón, al basar su declaración en las actas del informe, en cuya elaboración no intervino, dijo. La defensa podría así alegar que se trata de una declaración referencial de cara a una posible nulidad de la prueba.

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