"No nos engañemos, la situación es triste". El alcalde, Guillem Ginard, se mostró sincero ante las más de cien personas que abarrotaron anoche la sala de plenos y también a la vista de las decenas de residentes que le escucharon a través de la pantalla habilitada para la ocasión a la entrada del Ayuntamiento, en la Plaça Major. El primer debate de política municipal no defraudó y tanto los gobernantes, UM-Campos pel Canvi, como la oposición, PP, vertieron su opinión acerca del estado del término. La emisora Call Vermell Ràdio retransmitirá íntegramente la sesión extraordinaria mañana sábado.

Como se esperaba, el pacto advirtió que insistirá en reclamar las históricas compensaciones por el hecho de mantener la costa virgen, manifestándose el pueblo en Palma "si es necesario". Asimismo, la aspiración de la alianza progresista es que Campos sea la auténtica capital de la comarca del Migjorn de Mallorca.

El primer edil campaner aseguró que UM-CpC "tiene una salud de hierro". Admitió que se alcanzó un acuerdo con CpC justo media hora antes del pleno de investidura del alcalde. Defendió que el debate sobre el estado del municipio "es un síntoma de transparencia informativa y de ilusión por mejorar". Ginard reprochó al PP múltiples cuestiones, como el hecho de "fer parts i quarts", "dividir a la ciudadanía y a los colectivos" e "hipotecar" a futuros equipos de gobierno con discutidos proyectos como el de la piscina cubierta y la zona verde de ses Forques. A su vez, denunció el crecimiento urbanístico "desmesurado" experimentado en tiempos del poder en manos de los conservadores, además de las carencias y déficits de la escoleta, la residencia, la depuradora, el depósito de agua, el proyecto de los molinos, la zona industrial "sin ordenar", la "no planificación" de una escuela, la "inseguridad jurídica", etc.

Cabe recordar que Campos está siendo investigado por la fiscalía anticorrupción. Las normas subsidiarias aprobadas poco antes de las elecciones serán sustituidas por otras de nueva creación. UM-CpC también ha cambiado el rumbo del Consistorio respecto a la urbanización inacabada de Torre Marina de ses Covetes, decidiendo no recurrir las sentencias y reivindicando la demolición de los cerca de 70 apartamentos.