Tras seis años de investigaciones, Lluc Tomàs, alcalde de Llucmajor, Joaquín Rabasco, ex edil de ASI, y Mª del Amor Aldao, antigua administrativa del citado partido y presunta cómplice del concejal, se sentaron ayer finalmente en el banquillo acusados de varios delitos de fraude con fondos públicos.

En la sala segunda de la Audiencia Provincial de Palma, que dirigen los magistrados Eduardo Calderón, Juan Catany y Diego Gómez Reino, arrancaba la primera de las cuatro vistas previstas en el juicio oral, que comenzó a gestarse en 2001 a raíz de una denuncia del ex edil del PSOE Juan José Maestre, quien, sorpresivamente, decidió ayer retirar la acusación particular que hasta la fecha había mantenido.

Ahora, será únicamente el fiscal anticorrupción, Juan Carrau, el que tratará de demostrar que Rabasco y Mª del Amor Aldao urdieron, con el beneplácito de Tomàs, una supuesta trama empresarial por la, según la fiscalía, el consistorio habría adjudicado entre 1999 y 2002 contratos para la realización de fiestas y otros eventos por valor de casi un millón de euros a sociedades (Majo Sport, Retsar Music S.L., Tenedi Ambiente S. L., y Rodema Swin S.L.) vinculadas a Aldao y Rabasco, quien por aquel entonces ostentaba la regiduría de de Deportes y ejercía como alcalde pedáneo de s´Arenal.

Carrau sostiene que Tomàs auspició las adjudicaciones en contrapartida al apoyo político de ASI, partido del que Rabasco era líder y con el que durante este tiempo mantuvo un pacto de gobernabilidad. Tomàs negó esta tesis con rotundidad durante las casi dos horas en las que fue interrogado por el fiscal y por su abogado, Rafael Perera.

El alcalde, que dijo desconocer que Rabasco era apoderado de Majo Sport, una de las empresas implicadas, responsabilizó en repetidas ocasiones a la antigua regidora de Fiestas, Antonia Sunyer, de decidir a qué sociedad y qué artista se contrataba para las fiestas municipales.

No en vano, durante su comparecencia Tomàs defendió la gestión de Sunyer así como de los servicios de Intervención del Ayuntamiento.

El primer edil rechazó, igualmente, que se hubieran adjudicado los mismos servicios a dos de las empresas, duplicando así los conceptos de las facturas, tal y como sostiene Carrau, aunque no pudo precisar qué eventos de los contratados finalmente se realizaron.

De la misma manera, explicó que Rabasco tenía autorización en la cuenta de la Banca March relativa a festejos para justificar "gastos" como concejal y alcalde pedáneo de s'Arenal. Algo que ratificó Rabasco, quien se negó a responder ante el fiscal, al igual que Mª del Amor Aldao. Ambos atendieron únicamente lo las preguntas de sus abogados, Ramon Riutort y Eduardo Valdivia, respectivamente. El ex edil llucmajorer reiteró que él no autorizaba los pagos, puesto que esta potestad era de la regidora de Fiestas."Mi firma está para dar fe de que se ha celebrado el evento", manifestó.

Su presunta cómplice, Mª del Amor Aldao, negó, igualmente, haber sido objeto de soborno por parte de Rabasco y alegó que éste le otorgó 14 millones de pesetas en concepto de un préstamo, ya que debía avanzar un dinero para la ejecución de unas fiestas.