El GOB ha presentado una denuncia al ayuntamiento de Llucmajor, Seprona y la conselleria de Medio Ambiente del Govern balear por un vertido "ilegal" de escombros en una parcela del municipio de Llucmajor que se encuentra dentro del LIC (Lugar de Interés Comunitario) de Cap Enderrocat-Cap Blanc. Asimismo, una parte de la zona terrestre de este lugar está comprendida por las Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI) números 25 (Marina de Llucmajor) y 26 (Cap Enderrocat). Además, toda la zona terrestre de este sitio es Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Desde el grupo ecologista consideran: "Nos encontramos ante una clara infracción de la Ley de disciplina urbanística, las normas subsidiarias vigentes, la Ley de suelo rústico, Ley de residuos y Ley de espacios naturales, reclamando en consecuencia la actuación inmediata de las administraciones responsables".
En esta línea, el GOB reprocha: "Después de casi tres años del establecimiento del servicio público insularizado de gestión de residuos de construcción y demolición, a través de la concesión por parte del Consell a la empresa Mac Insular (Tirme, Inversanostra y Associació de Constructors de Mallorca), Mallorca no ha conseguido regular el tratamiento de los escombros".
Uno de los principales factores que impiden el funcionamiento del servicio público es, en opinión de los ecologistas, "las elevadas tarifas del tratamiento, que se aproximan a los 60 euros por tonelada de residuos depositados en las plantas de tratamiento de Mac Insular". El lamento del GOB es que en la realidad "llegan muchas menos toneladas de las previstas a las plantas de residuos de construcción y demolición (RCD) -y no precisamente porque el volumen de la construcción haya bajado en estos últimos años, pese a que de ahora en adelante es posible que lo haga por la coyuntura económica actual- y se multiplican las denuncias por infracciones graves de vertidos de escombros en lugares prohibidos; desde canteras a cunetas de carreteras, hasta llegar a verter en una finca ANEI".
Revisión del sistema
Por todo ello, el GOB solicita al Consell "que revise el sistema y el funcionamiento del servicio público, y del plan director sectorial de RCD si cabe, y a las administraciones implicadas en inspección y sanción (ayuntamientos y conselleria de Medio Ambiente) que agilicen los procesos de denuncia, aumenten los controles, vigilancia e inspección y sobre todo ejecuten las sanciones correspondientes en casos de vertidos ilegales".
