Con un aplauso cerrado por parte del medio centenar de personas presentes en el salón, el pleno del Ayuntamiento aprobó ayer inicialmente la norma que prohíbe el alquiler turístico de pisos en toda la ciudad.
"Hemos tomado una decisión sabiendo que va a perjudicar a algunas personas, aunque con el convencimiento de que va a beneficiar a muchas más". Con estas palabras finalizó su intervención el teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, José Hila, quien justificó la zonificación única a efectos de alquiler turístico, en la necesidad de preservar la convivencia social, regular la oferta y evitar los efectos negativos de esta actividad sobre el medio ambiente.
La propuesta del equipo de gobierno, tal como explicó también el teniente de alcalde, parte de la iniciativa popular presentada por la Federació de Veïns de Palma, en la que se rechazaba el alquiler vacacional en pisos en toda la ciudad, permitiéndolo en las viviendas unifamiliares.
El acuerdo aprobado inicialmente también lo restringe a las casas, prohibiendo el arrendamiento vacacional en las viviendas unifamiliares situadas en los polígonos industriales y de servicios, las zonas incluidas en la huella acústica del aeropuerto y en el suelo rústico común.
En el pleno de ayer no hubo intervenciones de entidades ni asociaciones, puesto que el punto se trató por la vía de urgencia. A partir de la publicación del acuerdo inicial en el BOIB se abrirá un plazo de 30 días para alegaciones. Se prevé que la aprobación definitiva pueda producirse en la sesión del próximo mes de julio.
La portavoz del grupo municipal del PP, Margalida Durán, criticó que se les haya entregado la documentación que justifica la decisión sin apenas tiempo para estudiarla y que se haya llevado el punto al pleno por urgencia.
Rechazó el contenido de la justificación técnica y afirmó que se trata de "una decisión política tomada de antemano, que se ha vestido con un informe, que ha costado 17.000 euros y se limita a reproducir un estudio ya realizado por la gerencia de Urbanismo y otro del Consell".
Pese a que hasta el momento su grupo había mantenido una postura contraria al alquiler turístico en pisos, Durán manifestó que ahora están a favor "de una regulación muy restrictiva".
Decisión "desproporcionada"
La concejala de Ciudadanos Patricia Conrado consideró que la decisión del equipo de gobierno es "desproporcionada y no está ni justificada ni motivada". Asimismo, afirmó que se produce una situación de discriminación entre los propietarios de una vivienda unifamiliar, que la podrán alquilar, y los de un piso, que no lo podrán hacer en ningún caso.
Advirtió que su grupo no está de acuerdo con el "todo vale", por lo que apuesta por una regulación del alquiler turístico, que no se basa en la zonificación sino en parámetros relacionados con el techo de plazas, las condiciones de las viviendas y la seguridad, entre otros. También criticó el informe presentado por "poco riguroso" y que utiliza datos "obsoletos".
