En enero de 2016 el empresario Julio Pezzolano advirtió por primera vez de que el Moll Vell se estaba convirtiendo en un foco de contaminación debido a malas prácticas por parte de algunas empresas de mantenimiento de barcos. Los productos químicos utilizados en las tareas de lijado, pintura y saneado no se estaban filtrando al exterior de manera adecuada provocando, a su juicio, un riesgo potencial para la salud de las personas y el medio ambiente. Emprendió entonces una cruzada que se ha prolongado durante más dos años y que le llevó a presentar decenas de escritos a la Autoridad Portuaria de Balears (APB), el SEPRONA, dos juzgados, tres conselleries del Govern y el Ayuntamiento de Palma. Al otro lado, casi siempre, silencio administrativo.
Pezzolano, empresario con una amplia experiencia en el sector náutico, apunta contra varias empresas que trabajan en los Servicios Técnicos Portuarios (STP), la empresa que tiene la concesión del recinto, una explanada ubicada en el Moll Vell en la que los barcos pasan un tiempo en el dique seco mientras son sometidos a trabajos de mantenimiento.
El empresario asegura que durante esas tareas escapan partículas contaminantes y disolventes que terminan en la atmósfera o en el mar porque algunas compañías no usan sistemas de extracción apropiados.
Durante meses Pezzolano envió decenas de escritos a las consejerías de Industria y Trabajo, Territorio y Energía, y Medio Ambiente. La falta de respuestas le empujó a acudir a la justicia ordinaria, donde sí encontró una respuesta favorable. En septiembre un juzgado de lo contencioso-administrativo de Palma.
El juez apreció "circunstancias de especial urgencia" después de tomar en consideración la demanda del empresario, que entre otros argumentos advirtió sobre un "riesgo de explosión inminente" en el interior de alguna de las carpas en las que se hace el mantenimiento de los barcos, consideradas atmósferas "potencialmente explosivas" por el tipo de productos químicos que usan.
El auto del juez provocó movimientos en la administración. En octubre la conselleria de Industria y Trabajo rompió su apatía e inspeccionó el interior de once carpas en las que diferentes empresas realizaban trabajos de pintura y lijado de barcos. Los inspectores precintaron dos extractores señalados por el juez. Y solicitaron a la empresa responsable que aportase la documentación técnica de otros trece aparatos que no tenían la correspondiente etiqueta identificativa.
También el SEPRONA de la Guardia Civil inspeccionó el terreno a instancias del empresario. Los agentes vieron indicios de delito medioambiental en la explanada y elevaron un informe a un juzgado de Instrucción de Palma. "Los fondos marinos próximos a tales zonas se encuentran muy expuestos a los vertidos de las partículas generadas por los trabajos denunciados y por la densidad de restos de lijados, pinturas y otros productos que pueden quedar depositados en el fondo del mar (...)", indicó el magistrado en el auto.
Sin embargo, decretó el sobreseimiento provisional "al no quedar determinado el volumen de los vertidos, la gravedad de afectación al medio ambiente por carecer de un estudio de lodos marinos, el tiempo de su presencia y la calidad de los mismos (...)".
La conselleria de Territorio y Energía negó la contaminación en su única respuesta al empresario. "Se han localizado por parte de la consejería de Territorio, Energía y Movilidad las empresas de mayor actividad y que, aún así, no superan el umbral de 5t/año de emisión de disolvente".
Y recordó a su interlocutor la existencia de una guía de buenas prácticas con la que las empresas podrían reducir la contaminación admosférica.
La última puerta a la que Pezzolano ha llamado es la de Cort. El departamento de Actividades y Seguridad de Establecimientos comunicó el pasado marzo al empresario el "inicio de una fase de actuaciones previas para conocer las circunstancias de los hechos denunciados y determinar si es necesaria la incoación del procedimiento de infracción y sancionador que pertoque".
