Dieciséis de las 45 familias afectadas por los desahucios de otras tantas barracas del poblado de Son Banya que Cort tramita desde 2011 tienen derecho a acogerse a las ayudas incluidas en el último plan de desmantelamiento del poblado.
De ellas, solo doce disponen en estos momentos de vivienda en otro barrio de la ciudad. Las cuatro restantes aún no han conseguido casa, pese a las ayudas que concede el Ayuntamiento de Palma consistentes, entre otras, en el pago de un máximo de 1.000 euros mensuales del alquiler durante los próximos cinco años.
Las 29 familias restantes afectadas por estos primeros 45 desahucios, no tienen derecho a las ayudas, puesto que no cumplen los requisitos. Borras recordó que, para ello, deben estar empadronadas en Palma desde 2008, no tener causas pendientes con la justicia, no disponer de otras propiedades y comprometerse a seguir un programa social que, incluye, entre otros requisitos, escolarizar a los hijos.
La concejala explicó que, además de estas 16 familias que se pueden acoger a las ayudas y que van a abandonar el poblado otras 12 hasta llegar a las 28 quieren hacerlo también voluntariamente. Ademas, entre los pobladores que no se incluyen entre estos primeros 45 desahucios, otras 30 familias sin orden de desalojo también quieren irse. En total, son 58 las familias que quieren abandonar Son Banya voluntariamente, lo que representa aproximadamente la mitad de las que viven en el poblado. El programa de erradicación finaliza en 2020, fecha que no se ha modificado.
Los grupos municipales de la oposición del PP y Ciudadanos criticaron ayer la "improvisación y la falta de previsión" de la que ha hecho gala el equipo de gobierno.
