El inicio de las demoliciones de las primeras 45 chabolas del poblado de Son Banya se aplazará hasta que el Ayuntamiento de Palma haya adjudicado la ejecución de las obras a una de las ocho empresas presentadas al concurso convocado a principios del pasado mes de marzo.
Así lo aseguró ayer la concejala de Bienestar Social de Cort, Mercè Borràs, después de que los juzgados hayan aceptado el aplazamiento de los desahucios de las familias que ocupan 45 chabolas del poblado, que debía realizarse entre los próximos martes y miércoles.
Borràs no quiso fijar ayer una nueva fecha para la ejecución de los desahucios de las familias afectadas, aunque aceptó que probablemente se va a tardar varios meses, puesto que los juzgados deberán volver a notificar el desalojo a las personas afectadas.
No obstante, indicó que los derribos de las chabolas ocupadas por las 16 familias que quieren abandonar voluntariamente el poblado se iniciará una vez se haya adjudicado la demolición a la empresa contratista, puesto que en este caso no hará falta esperar a la nueva notificación de los juzgados.
La concejala explicó asimismo que se va a proponer una nueva planificación de los derribos a la autoridad judicial, de tal forma que se ejecuten un máximo de cuatro al día. Lo anterior está relacionado con lo acordado el miércoles en el seno de la comisión técnica de seguimiento, en la que, por parte de los responsables de la Policía Nacional y de Infraestructuras, se indicó que, a medida que las familias abandonasen la chabola ésta debía derribarse de inmediato con el fin de evitar que sea ocupada de nuevo, como ha ocurrido en anteriores ocasiones.
De esta forma, se descartó el "Plan B" propuesto por los responsables de Servicios Sociales, consistente en que, en el caso de no tener adjudicada la demolición el día de los desalojos, se procedería al tapiado de las puertas y ventanas una vez que los ocupantes hubieran abandonado la barraca.
La Policía discrepaba de la eficacia de la anterior propuesta alegando que las viviendas vacías se volverían a ocupar inmediatamente, por lo que sería necesaria una vigilancia policial constante y volver a sacar a la fuerza a los nuevos ocupantes, lo que "supondría un esfuerzo excesivo de dotaciones, además de no asegurar el éxito del desmantelamiento del poblado".
Por parte de la Policía Nacional se puso de manifiesto que, para llevar una actuación de estas características en dos días, tal como habían ordenado los juzgados, "se necesita un contingente aproximado de 200 policías nacionales y locales".
La concejala explicó que, con anterioridad a la petición de aplazamiento solicitada por escrito el pasado miércoles a los juzgados, se había realizado una consulta con los mismos argumentos anteriores, sin que se hubiera conseguido su aprobación.
Por ello, la concejala agradeció la "sensibilidad" mostrada por la autoridad judicial ante esta nueva petición, con la que se pretende garantizar la seguridad de los profesionales que deben llevar a cabo las demoliciones y la atención social de las familias que lo requieran.
