13 de abril de 2018
13.04.2018

Noguera afirmó el lunes que "no hay marcha atrás"

El alcalde reconoció hace solo tres días que 12 familias de las 16 que pueden ser ayudadas por Cort disponen de casa

13.04.2018 | 01:06
El aplazamiento del inicio del desmantelamiento definitivo de Son Banya, decidido por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma y autorizado por los juzgados, se produce solo tres días después de que el alcalde, Antoni Noguera, asegurara que la erradicación del poblado "no tiene marcha atrás". Noguera reconoció también que, de las 16 familias afectadas por estos 45 primeros desalojos que pueden acogerse al programa de ayudas municipales para encontrar casa en otras zonas de la ciudad, solo doce disponían ya de vivienda alternativa.

Aseguró que, si las cuatro restantes, en los días fijados para el desalojo, no habían encontrado vivienda, el Ayuntamiento pondría a su disposición "una solución habitacional" hasta que encontraran una casa permanente con la ayuda que les proporciona el Ayuntamiento de un máximo de 1.000 euros mensuales para el pago del alquiler en los próximos cinco años.

Noguera hizo las anteriores declaraciones después de que el viernes de la semana pasada un grupo de personas afectadas por los desalojos aseguraran que recibirían "con palos y piedras" a las personas que, acompañadas por la comisión judicial, acudieran al poblado para ejecutar los desalojos.

El alcalde indicó asimismo que los trabajos se iniciarían quitando las puertas y ventanas de las chabolas a derribar que ya estuvieran vacías. No obstante, no especificó cómo se actuaría en el caso de que las 29 barracas restantes, que los días 17 y 18 ya debían estar desocupadas, no lo estuvieran. Si se diera este supuesto, se debería proceder como se hace en cualquier desahucio: proceder primero al desalojo de los inquilinos ya sea voluntariamente o utilizando la fuerza.

Otra cuestión que complica la ejecución de las demoliciones para los días 17 y 18 de abril consiste en el hecho de que el Ayuntamiento aún no ha adjudicado la contratación de las obras de derribo, cuya licitación se inició por la vía de urgencia en la junta de gobierno del pasado 28 de febrero por un importe máximo de 495.756 euros.



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