La venta ambulante ilegal está prohibida en Palma, sujeta a sanciones administrativas y a la posibilidad del decomiso del género por parte de la Policía Local, igual que el botellón. Su regulación se incluye en el artículo 80 de la ordenanza de ocupación de la vía pública que continúa en vigor, aunque la modificación de esta norma lo suprime.
No obstante, tal como acordó el pasado viernes el equipo de gobierno de Cort, la actividad de venta ambulante continuará regulada, aunque se ordenará a través de la ordenanza del uso cívico del espacio público, conocida contra el botellón, que también se está modificando.
Lo anterior ha sido una exigencia del grupo municipal del PSOE a sus socios de Més y Podemos, proclives a suprimir la prohibición y las medidas cohercitivas contra los vendedores ambulantes, "por una cuestión de Derechos Humanos", en expresión de la teniente de alcalde de la Función Pública, Aurora Jhardi. Se desconoce aún el contenido del artículo que se incluirá en la ordenanza contra el botellón en relación a la actividad de la venta ambulante irregular, así como de las peluqueras, aunque se sabe que la propuesta de la concejala de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, es favorable al mantenimiento de la situación actual.
Es decir, que la venta irregular continúe prohibida y que la Policía Local pueda decomisar el género, aunque no se descarta que se puedan dar licencias al colectivo con permiso de residencia.
