El Ayuntamiento de Palma quiere incorporar nuevas tarifas de actividades económicas o sociales que hasta ahora no figuran como tales en el padrón que se utiliza para el cobro de la tasa del tratamiento de residuos sólidos urbanos, conocida como de incineración. Se trata de los ambulatorios, estaciones de servicio, museos, polideportivos, cuarteles, conventos, monasterios, centros de culto, puertos deportivos, instalaciones aeroportuarias y portuarias, la Universidad y el centro penitenciario, entre otros.
El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Palma, Adrià García, explicó que el hecho de que estas actividades no dispongan de un epígrafe concreto para el cobro de la tasa de incineración no significa necesariamente que no la abonen, puesto que pueden estar incluidos en otros apartados.
No obstante, también puede ocurrir lo contrario y, como en el caso de los hoteles que en 2006 se descubrió que nunca habían pagado la incineración, puede que las anteriores actividades también se hayan "librado" del pago de esta tasa. No porque no quieran, sino porque nadie les ha remitido el correspondiente recibo.
Se pretende poner fin a esta situación mediante la contratación de una asistencia técnica para la elaboración de un informe técnico y económico que sirva de base para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de tratamiento de residuos sólidos urbanos.
La empresa que finalmente sea la adjudicataria de este servicio, que se adjudicará por un importe máximo de 60.500 euros (IVA incluido), deberá tener listo el trabajo en el plazo de seis meses a partir de su adjudicación.
Entre otras cuestiones, tendrá que elaborar una nueva ordenanza fiscal que distribuya el coste del tratamiento de los residuos sólidos urbanos entre todos los generadores de residuos domésticos de la ciudad ya sean residentes o personas físicas o jurídicas que realicen una actividad social o económica.
También determinará el coste que debe soportar Cort por este servicio de tratamiento, incluyendo el precio de la tonelada, que fija el Consell, y los costes de los distintos departamentos municipales que intervienen en su cobro. Asimismo. la nueva distribución deberá incluir la recogida puerta a puerta, de acuerdo con la ordenanza general de limpieza, además de eliminar la actual tarifa por tonelada tratada que se aplica a los grandes productores.
La actual distribución de los costes de la incineración se ha quedado desfasada, puesto que, desde cuando a finales de los años 90 se implantó esta tasa, la distribución se realiza de acuerdo con los baremos utilizados por Emaya.
En 2017 el Ayuntamiento recaudó 31,1 millones de la tasa de incineración, 22,1 (el 71,1%) de viviendas y despachos, 4,8 (el 15,4%) de oficinas y comercios, dos millones (el 6,6%) de hoteles, un millón (el 3,4%) de establecimientos con comedor y 784.522 (el 2,5%) de bares y cafeterías.
