Los vecinos de sa Llonja y del Puig de Sant Pere, al menos los que quedan, llevan casi tres décadas luchando contra el ruido generado primero por los bares de copas que se instalaron en una zona entonces degradada y, posteriormente, por las idas y venidas de los clientes de los locales de restauración que proliferaron a mediados de los años 90.
Tras años de tramitación, consiguieron que el segundo gobierno del PP de Joan Fageda aplicara su propia ordenanza municipal contra la contaminación acústica, aprobada en un anterior mandato del exsocialista Ramon Aguiló, que en su momento fue considerada modélica y avanzada.
Esta normativa permitía, después de un complejo estudio sonométrico, aprobar la declaración como Zona Acústicamente Contaminada (ZAC) y, en ella, adoptar "las medidas congruentes con la situación a solventar". Entre ellas, se señala el adelanto del horario de cierre de los establecimientos o su limitación. Pese a que todas las sentencias, incluso del Tribunal Supremo han sido favorables a las tesis de los vecinos, ha sido muy difícil que los sucesivos gobiernos municipales controlen la situación. De hecho, la primera declaración de ZAC se produjo en mayo de 1997. Según la ordenanza, cada dos años se debe revisar esta situación. Posteriormente, se cambió el término ZAC por el de Zona Acústicamente Saturada (ZAS). Desde la primera declaración con uno u otro término, ha habido dos pronunciamientos municipales. El de ahora sería el tercero.
En este caso, se parte de un expediente iniciado en el anterior mandato, que se alargó en el tiempo y que finalizó inconcluso ya que no se llegó a aprobar definitivamente, pese a la existencia de una nueva sentencia que vuelve a dar la razón a los vecinos.
