Los grupos de la oposición acusaron ayer a los integrantes del equipo de gobierno municipal de "sectarios" y de anticonstitucionales por exigir el uso del catalán a las empresas contratadas por Cort. El PP exigirá en el próximo pleno la anulación de las cláusulas lingüísticas en la contratación pública, requisito al que también se opone Ciudadanos.

El regidor Guillermo Sánchez acusó al pacto de estar más interesado en la imposición del catalán que en implantar cláusulas sociales y medioambientales. En su moción, el PP asegura que estas se cumplen en el 60% de los casos, "mientras que las cláusulas lingüísticas se imponen en la práctica totalidad de los contratos".

Ante estas acusaciones, el regidor de Cultura,Patrimonio, Memoria Histórica y Política Lingüística, Llorenç Carrió, respondió que las cláusulas lingüísticas "son más fáciles de aplicar que las otras" y que por parte del equipo de gobierno no se considera una imposición, ya que se trata de una lengua oficial en Balears.

Estas cláusulas han sido recurridas por Delegación del Gobierno ante el Tribunal Superior.