El teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, José Hila, aseguró ayer que la zonificación del alquiler turístico que debe aprobar el Ayuntamiento de Palma estará lista el próximo 31 de julio, fecha en la que se cumple el año previsto en la ley.

Insistió en que la contratación de una asistencia técnica por un importe máximo de 20.000 euros mediante la formalización de un contrato menor, tal como se informó en la edición de ayer, responde a la petición de los funcionarios de la oficina de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), integrada por nueve personas, que, en octubre del año pasado, le trasladaron esta necesidad.

Negó que durante este tiempo no se haya hecho nada en relación a la zonificación, tal como denunciaron desde el grupo municipal del PP, puesto que se dispone de trabajos previos y de distintas diagnosis de la situación.

Como consecuencia de lo anterior, por ejemplo, se vio la necesidad de suspender un año la concesión de licencias de uso turístico y de albergues juveniles en el centro de la ciudad, el primer Eixample, la fachada marítima del litoral de Llevant y la Patja de Palma. La propuesta para la modificación puntual del Plan General en esta cuestión también ha sido encargada a este equipo externo, que deberá entregar su trabajo en el plazo de dos meses con el fin de proceder a su aprobación inicial.

Según el director general de Urbanismo, Gabriel Horrach, con la aprobación inicial las nuevas autorizaciones para establecimientos turísticos se deberán conceder con la norma más restrictiva, por lo que, cuando finalice el plazo de una año de suspensión de licencias, la normativa a aplicar ya será la nueva incluso si no se ha procedido a la aprobación definitiva de esta modificación puntual del planeamiento.

Hila manifestó asimismo que el Ayuntamiento ha trasladado a los técnicos el acuerdo plenario promovido por la iniciativa popular impulsada por la Federació d'Associacions de Veïns de Palma.

Según este acuerdo, se debe prohibir el alquiler vacacional en toda la ciudad. Los técnicos deberán justificar esta decisión "política" en los casos en los que se pueda, siempre teniendo en cuenta que "el bien superior a preservar es el derecho de los ciudadanos a la vivienda", insistió el teniente de alcalde.