El alcalde de Palma, Antoni Noguera, rechaza que el concejal de Movilidad, Joan Ferrer, tenga que dimitir por la multa de 30.000 euros impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos a la Societat Municipal d'Aparcaments (SMAP) por las informaciones aparecidas en este periódico en las que se señalaba el "mal uso" que hacían nueve concejales de la oposición de la tarjeta que les permitía aparcar gratis en los estacionamientos municipales.
Noguera alabó la labor que realiza el concejal Ferrer al frente del departamento de Movilidad, afirmando de que se trata de "un trabajo muy importante", y recordó que se denunció el uso abusivo de la tarjeta.
Por su parte, la Societat Municipal d'Aparcaments confirmó ayer que ha recurrido la sanción impuesta por la agencia estatal, que no es firme. La sociedad municipal ya presentó alegaciones cuando se abrió el expediente se abrió el expediente por parte de la agencia estatal, tras las denuncias formuladas por los grupos municipales del PP y Ciudadanos.
Ferrer insistió en aquella ocasión de que "todos los concejales del Ayuntamiento somos servidores públicos y debemos utilizar los recursos públicos desde la honestidad, sin hacer un uso abusivo y basándonos en criterios de transparencia". Insistió en que, por parte de algunos concejales de la oposición, "se utilizaron recursos públicos a favor de intereses particulares y de forma excesiva", de ahí que se decidiera retirarles la tarjeta que les permitía aparcar gratis en los estacionamientos gestionados por la SMAP.
Insistió en que la decisión después de comprobar que las tarjetas se habían utilizado no por cuestiones relacionadas con el trabajo como concejal, sino "a horas intempestivas e, incluso, durante días". De esta forma, consideró que los usos que se hacía del pase "iban más allá de la honorabilidad y la racionalidad".
La comunicación de la sanción de 30.000 euros, que es recurrible, ha supuesto la petición por parte de la portavoz del PP, Margalida Durán, de la dimisión del concejal Ferrer o de su sustitución por parte del alcalde, además de exigir que abone de su bolsillo la cantidad estipulada. Han anunciado también acciones judiciales, sin descartar las penales.
