El plan del Ayuntamiento de empadronar a 1.400 sin techo, okupas y personas que habitan en infraviviendas en Palma ha fracasado. Desde el anuncio de esta iniciativa, a finales de noviembre de 2016, anunciada por las concejalas de Función Pública y Bienestar, además del por entonces alcalde, José Hila, tan solo se han empadronado 14 personas.

La campaña comenzó con retraso. Médicos del Mundo, que era la organización que habitualmente, junto con Cruz Roja, atiende a los sin techo, no dispuso de toda la información sobre qué procedimiento seguir hasta meses después, y nació mal planteada, según ha reconocido Joan Antoni Salas, director general de Bienestar. "Se pensaba que había una mayoría de estas personas que no estaban correctamente empadronados y no era así, la mayoría ya lo estaban", indica Salas.

El "desconocimiento de la situación" llevó a Cort a anunciar la campaña como la solución para que los sin techo tuvieran la posibilidad de acceder a la tarjeta sanitaria y a prestaciones sociales, cuando esta opción ya se les estaba dando desde el Institut mallorquí d'Afers Socials ( IMAS. De hecho, en los centros de acogida que dependen de la institución insular, como Ca l'Ardiaca o Can Gazà, se suele empadronar a los usuarios que pernoctan, indican fuentes oficiales.

Las mismas fuentes del IMAS aseguran que no es posible dar una cifra exacta de los empadronados por ellos, ya que una vez hecho el trámite no se hace un seguimiento, y aunque estas personas hayan dejado de acudir al centro de acogida, no se les da de baja.

El último recuento de ciudadanos sin techo en Palma, realizado en marzo del año pasado, detectó a 180 personas sin vivienda, 209 en toda Mallorca.

Como parte positiva, Salas destaca que ha quedado demosrado que la red de atención al tercer sector funciona y que la totalidad de personas sin techo tienen la posibilidad de recibir atención sanitaria y ayudas.

También reconoce, igual que siempre han explicado los técnicos de la UME de Cruz Roja que cada noche atienden a estas personas, que hay algunos casos en que el individuo no quiere tener contacto con la Administración "por miedo al control o debido a su salud mental".